El oficialismo consiguió esta tarde aprobar la lista de 10 conjueces para la Corte Suprema luego de mantener un encendido debate con la oposición sobre los requisitos que precisaba la votación. Impuesta su opinión de que bastaba con el apoyo de la mayoría simple, avaló la lista con 39 votos a favor contra 21 en contra.

Las designaciones son las de León Arslanian, Tomás Hutchinson, Ernesto Alberto Marcer, Héctor María García Cuerva, Arístides Horacio María Corti, Carlos María Cárcova, Walter Mario Huggias, Gustavo Ferreyra, Ricardo Augusto Nissen y José Rolando Chirico.

En el recinto de discusión, los bloques de la oposición votaron en contra por considerar que era necesario el voto de los dos tercios de los senadores presentes, porque la Constitución establece esa mayoría especial para los magistrados del máximo tribunal. El oficialismo rechazó este argumento y afirmó que la disposición se refiere a los jueces titulares de la Corte y que esta obligación no aplica para el nombramiento de jueces suplentes, como es este caso.

De todas maneras, en su última reunión plenaria la Corte Suprema descartó que vaya a ser necesario recurrir a los conjueces debido a que, a pesar del fallecimiento de Carmen Argibay, la nueva composición de seis miembros en el tribunal no afecta su funcionamiento.

En la sesión, el Senado también aprobó el pliego de designación del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina como embajador extraordinario y plenipotenciario para ser destinado como representante del país ante el Mercosur y la Aladi.

Fue sancionado con 42 votos positivos. Las bancadas de la UCR y el FAP se abstuvieron de pronunciarse porque coincidieron en que "corresponde al Ejecutivo" seleccionar a quien cubrirá este cargo, informó el sitio Parlamentario.com.

Luego los senadores convirtieron en ley el proyecto de reordenamiento del Digesto Jurídico, en el cual se encuentran concentradas unas tres mil normas sancionadas desde 1852 a la fecha. Se trata de la compilación de todas las normas públicas, que permite acceder a las leyes existentes y suprimir aquellas derogadas o caducas.

La elaboración del digesto había sido encargada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2005, luego fue estudiado por una comisión bicameral del Congreso y en diciembre recibió la aprobación de la Cámara de Diputados. Ahora la Cámara alta lo sancionó con 41 votos.