En la mañana del martes, en el Tribunal Oral Federal de dicha ciudad, ubicado en la Av. Pedro Luro 2455, comenzó a juzgarse a una red de proxenetismo que traía mujeres engañadas de República Dominicana con el fin de esclavizarlas en el prostíbulo Dulcinea, ubicado en el puerto. 

A las mujeres se les ofrecía empleo en una peluquería del barrio Constitución y luego con la excusa de falta de trabajo las llevaban al prostíbulo. Las condiciones de vulnerabilidad en las que se que se encontraban eran aberrantes. Vivían en habitaciones en un inmueble aledaño al prostíbulo (ambos del mismo dueño); de la paga que recibían el 50 porciento se lo quedaban los regentes y el resto se repartía en coimas a la policía, pago por deuda del pasaje y comida; no tenían otras relaciones con el mundo exterior más que las que establecían con los prostituyentes que concurrían; no podían negarse a tener relaciones sexuales y eran amenazadas, entre otras cosas, con el embargo de inmuebles familiares en su lugar de origen.

La causa se inició por la denuncia de una de las víctimas que logra escapar del lugar. Luego toma contacto con “La Alameda”, una segunda víctima que relata los mismos hechos y con el acompañamiento de la Fundación declara y le da impulso a las investigaciones ya iniciadas. Los procesamientos que se debatirán en el juicio no son solo los de los regentes del lugar y de quienes recibían a las víctimas en Argentina.  

También se encuentra imputado personal de la policía bonaerense y los gestores que hacían los trámites migratorios de todas las víctimas del prostíbulo facilitando la permanencia irregular de las mismas en el país. Sabiendo también que quien era en ese momento Director de la Delegación de Migraciones a nivel local, Fernando Scarpati, fue removido de su cargo por las graves irregularidades de dichos trámites.