La planta “compacta” de tratamiento de efluentes cloacales que construyó la provincia a un costo de 21 millones de pesos y fue inaugurada hace casi un año todavía no funciona a pleno, a pesar de la acuciante demanda de miles de usuarios por conectarse al servicio.

Un grupo de legisladores y concejales del Frente para la Victoria recorrió las instalaciones -que están a cargo de la CEB- y constató que la nueva obra emplazada allí como refuerzo de la planta de tratamiento original “presenta serias disfuncionalidades y le falta una de las dos bombas que requiere para su funcionamiento”.

El legislador Alejandro Ramos Mejía aseguró que a un año del corte de cintas, aun la planta “no está en régimen” y si bien está llena de líquido cloacal “no lo trata”. Resaltó que en la reciente audiencia pública por la futura obra mayor de saneamiento para Bariloche, Parques Nacionales reconoció que se derivan 8.000 metros cúbicos de líquidos crudos al lago cada día. “Hay una responsabilidad directa de la empresa constructora y del gobierno provincial” dijo Ramos Mejía, luego de recorrer la planta junto a su par Luis Albrieu, los concejales Ramón Chiocconi, Daniel Natapof y Maximiliano Garré (Villa Regina) y la vocal del Tribunal de Contralor Julieta Wallace.

Ramos Mejía dijo que la recepción de la obra todavía es “provisoria” y entiende que hay un problema económico y que la provincia “no terminó de pagar”. Destacó que la planta, que iba a servir a 10 mil nuevos usuarios, “no cumple con el objetivo para el cual se la construyó, habiendo pasado ya un año desde la inauguración”.

Recordó que ese día junto al gobernador Alberto Weretilneck estuvo el actual intendente Gustavo Gennuso, “que no dice nada” a pesar del daño ambiental que padece la ciudad y el lago Nahuel Huapi.

Desde el Departamento Provincial de Aguas, la directora de Regulacion Laura Castro aseguró que la planta compacta “está en etapa de recepción provisoria y está funcionando”. La delegada local del organismo, María Alemany, afirmó también que la situación actual es “propia de la operación de cualquier servicio” y que la demora en la recepción definitiva de la obra “no quita el funcionamiento y la operatividad”.

Alemany atribuyó las críticas a “una interpretación política, sin el suficiente conocimiento”.