El Tribunal de Cuentas dispuso la realización de una auditoría técnica, contable y jurídica en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Vivienda y Desarrollo Urbano y/o dependencias vinculadas. Es a partir de la denuncia iniciada por la diputada Paola Bazán (FCS) por supuestos hechos de corrupción en la Secretaría de la Vivienda en la que están involucrados Silvia Alejandra Quinteros, ex directora de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda, Jacqueline Elizabeth de Moreno, empleada pública con ejercicio de funciones en la misma dirección, y María Margarita Cisneros, socia gerente de RAF SRL. empresa proveedora de la Secretaría de la Vivienda por la presunta comisión de maniobras que podrían configurar el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, cohecho y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

La medida fue tomada por el presidente Mardonio Rafael Díaz Martínez,  la vocal subrogante Rosa Ana Arzurmendi y el vocal Víctor Villarroel.  Para ello dispuso un equipo interdisciplinario que tendrá a su cargo  la planificación y ejecución  y estará integrado por un contador, un abogado y un arquitecto,  a quienes se faculta para "requerir de los organismos intervinientes, los antecedentes, informes y documentación que resulten necesaria para el cumplimiento de los objetivos propuestos”. Se establece un plazo de 30 días, aunque la auditoría podría extenderse un poco más porque la Justicia ya secuestró más de 24 cajas de documentación relativa a las contrataciones realizadas con RAF.

En los fundamentos de la resolución se hace referencia los fundamentos de la denuncia que fueron conocidos a través de las publicaciones periodísticas.  En este sentido, recuerda que Quinteros se desempeñó en su cargo desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015. La ex funcionaria habría recibido de manos de Margarita Cisneros, familiar directo de Jacqueline Figueroa, tres cheques por importantes sumas de dinero ( $ 45.000, $ 20.000  y $ 23.000) otorgados por Cisneros en su carácter de socia gerente de RAF SRL, empresa creada en octubre de 2013. 

"Las publicaciones dan cuenta que la firma RAF SRL, también integrada por Jacqueline Figueroa, (empleada de la secretaría) libró cheques a favor de la Dirección de Administración Contable y Financiera de la Secretaría  de la Vivienda, quien además es titular de Corralón San Fernando, y tiene como explotación principal proveer al Estado. De esta manera, entre la ex directora Quinteros  y la socia gerente de RAF S.R.L, Figueroa, realizaban contrataciones directas para la adquisición de materiales".

Además, recuerda que en la denuncia quedó asentado que el vínculo entre Quinteros y Jacqueline Figueroa fue más allá de la relación en la administración pública, ya que serían a su vez socias en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominada "Las Cumpas", cuya fecha de inscripción data de agosto de 2015  y que es titular de los locales comerciales "El Kuervo. Todo para armar", "Minis Company", "Linaje Argentino" y "Armonía".

Por último, la resolución 378/16 del TC recuerda que en la denuncia se puso en cuestión el crecimiento del patrimonio de Quinteros y Figueroa , ya que Figueroa fue empleada de un comercio céntrico hasta 2012 cuando ingresó como secretaria privada de Quinteros y actualmente es socia gerente de dos SRL.

AMPLIACIÓN

En esta semana, ingresará una ampliación en la denuncia presentada por la diputada Paola Bazán (FCS). Además, el fiscal Marcelo Sago tomó varias medidas en el marco de la investigación.