Hay un tema clave de Mendoza que se definirá en los próximos meses. Este año vencen todas las "antiguas" concesiones petroleras y comienza el plazo de extensión de los permisos que fueron firmados en 2011. Pero esa prórroga está condicionada a que las empresas cumplan algunas pautas económicas y, sobre todo, ambientales: los contratos indican que al finalizar el contrato original todos los pasivos ambientales que se generaron por la actividad debían ser saneados. Sin embargo los plazos están por vencer y esa cláusula difícilmente sea cumplida.

Aunque la prórroga involucra a muchas empresas, la más importante es YPF. Por la magnitud, por la cantidad de áreas petroleras que tiene a cargo y también por la relación que tiene el Gobierno con esa firma. La petrolera estatal consiguió prórrogas de concesiones para 16 áreas petroleras. En los contratos reconoció 430 pasivos ambientales a remediar.

Pero ahora, al filo del cumplimiento del plazo, se han saneado solo el 45%, según datos oficiales del Gobierno de Mendoza. El resto está en proceso de análisis. En ese sentido, explican, ya se ha "caracterizado" al 90% de los pasivos. Esto quiere decir que se han catalogado según el nivel de riesgo ambiental y también se evaluó la posibilidad y conveniencia de hacer un abordaje. Esos pasivos ambientales son diversos: desde retirar cañerías antiguas y desmantelar equipos, hasta remediar la contaminación de viejos derrames de petróleo. En el proceso de evaluación se tienen en cuenta los riesgos potenciales que hay y el nivel de afectación al ambiente. También se cuantifica la inversión necesaria. Para tener una idea, décadas atrás se eliminaban los lodos empetrolados y restos de hidrocarburos en piletas de 100 metros cuadrados. En algunos casos eran piletas impermeabilizadas, en otros no. En la actualidad los trabajos son muy distintos. Pero los pasivos quedaron.

Podrían renegociar

La Fundación Cricyt fue designada en 2015 para auditar el proceso, que lleva años de idas y vueltas. Y la Dirección de Protección Ambiental es quien tiene el control. "La empresa deberá presentar y ejecutar un plan destinado al abandono de pozos hidrocarburíferos, inyectores y/o cualquier perforación inactiva... Asimismo, deberá remediar, a la fecha de vencimiento del plazo original de las concesiones, los pasivos ambientales que surgieren de la evaluación del Informe Ambiental de la empresa, independientemente de la fecha en que los mismos se hayan producido", dice el acta firmada con YPF y replicada como modelo en todas las concesiones prorrogadas.

Pero en lo legal se complica: Fiscalía de Estado monitorea el proceso porque hay contratos duros de por medio. Es que del cumplimiento de las pautas depende que se habilite o no la prórroga de áreas petroleras. La mayoría da por hecho dos cosas: que las empresa petroleras no llegarán a cumplir con los plazos y que será necesaria una renegociación para pautar nuevos objetivos, pues no creen que el camino que elija el Gobierno sea el de la "mano dura" que ejecute las cláusulas que podrían hacer caer las concesiones. Al menos no será una ley genreal: hay casos donde por otros incumplimientos (como la falta de inversión) las prórrogas se podrían caer. Pero otras, como las de YPF, donde todo apunta a que habrá renegociación. Curiosamente la que más cerca está de cumplir el proceso es Chañares Herrados, que tiene problemas por la falta de cumplimiento del plan de inversiones.

La decisión de prorrogar los plazos o no está en manos de Alfredo Cornejo y de Martín Kerchner. Las propias petroleras podrían abrir ese paraguas también para "deshacerse" de algunas áreas que ahora consideran poco atractivas por la modificación de la ecuación financiera: requieren más inversión de la prevista.

Areas Petroleras YPF Jaque - Portada

Pero hay otros condimentos. Cuando las concesiones fueron extendidas, YPF, por ejemplo, era una empresa totalmente distinta. En 2011 fue el Grupo Eskenazi quien negoció con Celso Jaque y Francisco Pérez. Luego la empresa se reestatizó y el foco cambió.

Mendoza está en un problema frente a YPF. Por un lado buscan "mimar" a la petrolera para que mantenga el nivel de actividad y de inversión. Pero por el otro deben controlar y exigir lo que dicen los contratos. Hasta ahora el Gobierno se ha mostrado permeable a las negociaciones y reconocen "buena voluntad" de parte de la petrolera, sobre todo porque fue la única que mantuvo el nivel de inversión en exploración y no hubo crisis de empleo como en la Patagonia.

En cuanto al cumplimiento de las exigencias ambientales, desde el Ejecutivo aseguran que en las inspecciones realizadas no hallaron problemas "no declarados". Es decir, todas las situaciones de contaminación que se encontraron ya habían sido declaradas por las empresas.

El área más frágil está en la zona norte de Mendoza, que incluye el Este, Maipú. Luján y el Valle de Uco, y tiene que ver con la antigüedad de las instalaciones. Uno de los principales problemas es el entramado de cañerías empetroladas que está "tejido" bajo el suelo. YPF, explican, ha impulsado un programa de retiro y renovación de esos ductos. "Es importante terminar la caracterización y priorizar. La remediacion comenzó con los istios de mayor riesgo, como en los lugares donde se puede afectar cursos de agua", explicaron desde el Gobierno.