El personal de la división Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina hace una pericia informática para tratar de determinar si, como se sospecha, el extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, descabezó la delegación Bahía Blanca de la AFIP para encubrir a Lázaro Báez y otros empresarios en relación con las usinas de facturas truchas.

   Será desde hoy y posiblemente hasta el jueves.

   Los peritos se desempeñan en la sede de Alsina 317, por disposición del juez federal N° 1, doctor Walter López Da Silva, en el marco de la causa "Echegaray, Ricardo Daniel s/averiguación de delito". También se citó para el estudio a la división Auditoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social, que depende de la AFIP.

   El análisis incluye una computadora y dos discos rígidos. Además de la causa local, existe otra similar que tramita ante el juzgado de Sebastián Casanello, en la Capital.

   Echegaray, oriundo de Punta Alta, está sospechado de rebajar de estatus a la repartición local (de dirección regional a agencia), con el supuesto fin de encubrir a la empresa Austral Construcciones, de Báez, por maniobras con facturas truchas -para justificar gastos y evadir una cifra millonaria de impuestos- en las cuales estarían involucradas algunas "usinas" de empresarios locales.

Pedido de indagatorias

   Además de Báez y su hijo Martín, el fiscal Antonio Castaño pidió indagar a distintos empresarios de la ciudad, por ser supuestos proveedores de facturas apócrifas.

   Se trata de Mauro, Franco, Enzo y Silvio Ficcadenti (dueños de las sociedades Grupo Penta, Calvento y Terrafari); José, Denis, Jorge y Franco Ferreyra (propietarios de Constructora Patagónica Argentina S.A.) y también el contador Rogelio Chanquía, quien habría prestado servicios para varias de esas usinas.

   En ese sentido, el exfuncionario kirchnerista había declarado públicamente que la recategorización del organismo tuvo que ver con un conflicto gremial "y no para ocultar nada".

   El juez López Da Silva, según pudo averiguar La Nueva., le habría pedido a los peritos que realicen búsquedas en los soportes informáticos bajo los criterios Báez, Ferreyra, Pedraza, Ficcadenti, Suris, Rogelio Chanquía, además de los grupos empresarios Austral Construcciones, Grupo Penta, Constructora Patagónica Argentina, Iberoamericana de Servicios, Terrafari, Crediba, CVP Industria, E&J, Magna, Áttimo Bahía Blanca y Scarsur, entre otros.

Citan a testigos

   Para la semana próxima, en tanto, fueron citados como testigos 9 empleados y exempleados de la AFIP Bahía Blanca. Serán entrevistados por el doctor López Da Silva en el marco de la misma causa.

   Trascendió que la intención del magistrado es determinar si efectivamente durante una visita oficial de Echegaray a Bahía, en funciones como titular de la AFIP, se reunió en el séptimo piso del edificio de la calle San Martín al 100 con el abogado Leonardo Gómez Talamoni, quien asesora a Juan Ignacio Suris en la causa que se le sigue al detenido por ser presunto jefe de una organización destinada a la asociación ilícita fiscal.