Pocas horas después de que el gobierno bonaerense elevara a $ 2 millones la recompensa para quien aportara datos que permitan la detención de Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, prófugo desde hace 44 meses, sus abogados defensores presentaron un escrito en el Ministerio de Seguridad de la Nación para pedir garantías para que su defendido se entregue ante la Justicia.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes oficiales. Los abogados Carlos Broitman y Juan José Ribelli, ex comisario de la policía bonaerense que estuvo preso y después fue absuelto por el atentado a la AMIA, presentaron un escrito con el pedido de garantías, que fue recibido por el jefe de Gabinete del ministerio, Pablo Noceti.

En la cartera conducida por Patricia Bullrich confiaban en que en las próximos días se haría efectiva la entrega del único prófugo que tiene la causa del triple crimen, el homicidio múltiple vinculado con el negocio ilegal de la efedrina y por lo que fueron condenados los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.

"Las garantías que pide Pérez Corradi significan que se preserve su integridad física", explicó Ribelli al salir del Ministerio de Seguridad.

Al ser consultado sobre por qué ahora y no antes se entregaría Pérez Corradi, Ribelli dijo que "un cambio de gobierno siempre facilita la toma de confianza de parte de las personas prófugas".

Previamente, Broitman había dicho que las garantías que pedían eran "un juicio justo e imparcial, pruebas amplias y que no se influencie ni coaccione a los testigos". Explicó que hace "dos o tres días" recibió una llamada de Pérez Corradi, y en la que le adelantaba su intención de ponerse a derecho "siempre y cuando se respeten las garantías constitucionales y un juicio justo". Ribelli y Broitman insistieron en que su cliente quiere que lo juzguen "jueces imparciales".

Pérez Corradi tiene 38 años y, según datos publicados por el Ministerio de Seguridad bonaerense, es conocido por sus alias de "Pelado", "Chiquito" y "Peludo". Trabajó en el Banco Nación durante seis años y luego se convirtió en "financista" y empresario farmacéutico. La Justicia lo considera uno de los principales proveedores de efedrina.

En la investigación de los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, realizada por el fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y con la colaboración de la fiscal de juicio Marcela Falabella, se encontró en Pérez Corradi el móvil del triple homicidio.

"Se comprobaron sus vínculos con Forza y con Ferrón en lo que era la adquisición de efedrina para venderla a los carteles mexicanos; se probó que hubo una relación inicial que se fue desgastando, hasta el punto de indicarle claramente a un testigo que iba a matarlos", dijo Bidone a LA NACION.

"Además se probó su relación con la compra de efedrina proveniente de la India y China, y se demostró su relación con dos empresas del rubro que lo vinculan con Martín Lanatta", agregó el fiscal.

En agosto de 2009, un año después de los asesinatos de Forza, Ferrón y Bina, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado hizo lugar al pedido de extradición solicitado por la justicia de los Estados Unidos por el envío de 1500 pastillas de oxicodona, pero la medida nunca se efectivizó.

En 2011, Pérez Corradi fue procesado con prisión preventiva por el juez federal Norberto Oyarbide en la causa sobre la mafia de los medicamentos, pero la Sala II de la Cámara de Casación Penal revocó la resolución.