Asimismo, solicitó al Intendente municipal, Dr. Carlos Arroyo, que vete la Ordenanza que lo otorgó ante la sospecha de una posible defraudación al Estado Municipal por parte de los empresarios del transporte.

Cabe señalar que se encuentra en trámite ante la justicia provincial una denuncia en la que -por lo menos- 20 personas afirman no haber trabajado jamás para alguna de las distintas empresas que prestan el servicio de transporte a pesar de figurar en los registros de la AFIP, del Ministerio de Trabajo y de la Municipalidad como empleados.

Estos denominados “empleados fantasmas” conducen “micros fantasmas” que cumplen “frecuencias fantasmas” en “recorridos fantasmas” generando “kilómetros y gastos fantasmas”. Sin embargo, todos estos fantasmas “contribuyen” al cálculo del valor “real” del boleto y -sobre todo- al cobro “real”de los subsidios que otorga el el Estado Nacional a los empresarios.

“Ante esta escandalosa denuncia efectuada por la Casa del Trabajador y el silencio de las empresas de transporte, los concejales debieran haber actuado con la cautela que la situación amerita y no aprobar ningún aumento, que lleva al aumento interanual en una cifra superior al 40%”, exprearon desde el GEN.

“Consideramos que la gravedad de la denuncia efectuada impone en la agenda municipal la necesidad de evaluar la continuidad de las concesiones ante la posible comisión de un delito de defraudación al erario público. Resulta urgente la implementación de un sistema de control del servicio por parte del Estado Municipal y no en manos de los empresarios como rige en la actualidad”, reclamaron.

Finalmente, desde el GEN entendieron que “el corolario de este escándalo es la necesidad de un análisis de costos debidamente comprobados y la aplicación del sistema de líneas testigo que permitan a municipio conocer fehacientemente la realidad de un servicio que en la actualidad resulta caro y alejado del que requieren nuestros vecinos”.