La fiscal de Estado, Dra. Stella Maris Zabala de Copes, en diálogo con La Mañana, consideró que “no hay ningún fundamento para que se intervenga la provincia, no hay ningún motivo para que esto suceda porque acá funcionan plenamente todas las instituciones y porque acá hay un Estado de derecho, hay un gobierno elegido libremente por el pueblo, y cuando uno no está de acuerdo tiene que aprender que hay un período eleccionario donde tiene que presentarse, confrontar y ganar, ponerse a consideración de los electores. Tenemos que habituarnos a vivir y a movernos así”, remarcó.

Al hacer mención a la denuncia sobre un Narco-Estado en la provincia, negó en forma tajante que esto sea así: “Estoy convencida de que no es así. Yo misma soy parte del Estado y estoy convencida de que no es así, pero si hay alguien que tiene alguna prueba, que dice que hay algún funcionario que incurre en hechos así, está bueno que lo pruebe, que lo diga, porque si hay alguien que actúa incorrectamente, hay que sancionarlo, hay que separarlo, no hay que taparlo, pero hay que probarlo, obviamente. Estoy convencida de que no es así porque si no, no sería parte del Estado provincial y no sería Fiscal de Estado. No estaría un minuto sentada en el lugar donde estoy, porque a mí no me atan los cargos”, manifestó.

La provincia se presentó como querellante ante la Justicia Federal tras las denuncias por “Narco-Estado”. En este contexto, la fiscal explicó que el pasado 24 del corriente, a través del Decreto 503, “el Gobernador, ante los delitos que son objeto de investigación y que fueron denunciados en los medios, manifestando la presencia de un narco-Estado en la provincia de Formosa en el que estarían implicados funcionarios de los distintos poderes, sin determinación de autoría ni participación, instruyó especialmente a la Fiscalía a que se constituya como querellante en la causa judicial en trámite y contribuya en ese carácter a la investigación y al esclarecimiento de los hechos para dilucidar cualquier tipo de participación que le correspondiere a cualquier agente o funcionario del Estado por acción u omisión”.

El querellante es una figura que no compite con el fiscal que tiene a cargo la acusación por parte del Estado, sino que complementa su accionar acusatorio controlando en algunos casos hasta las cosas que se plantean y puede aportar pruebas, casos de jurisprudencia o pedir que se corrija la calificación; no tiene que colisionar jamás con el fiscal en ningún tipo de proceso, explicó la funcionaria. “El querellante tiene que coadyuvar, y en esa instancia y coyuntura nosotros hemos pedido participación”, dijo para aclarar también que “no es la primera vez que lo hacemos, ya lo hemos hecho y se nos ha brindado el rol de querellante en la causa Bareiro, que nadie dice, pero la provincia hace ya varios meses es querellante en la causa”.

Relató también que en ese caso, “en primera instancia nos rechazaron la participación como querellante y nos presentamos, apelamos y la Cámara Federal de Resistencia nos escuchó, nos hizo lugar y nos dio el rol de querellante; y en ese carácter hemos pedido incluso ampliación de calificación, de tipificación legal, pidiendo que se amplíe la calificación que le fuera dada en ‘peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad’. Esta ampliación de calificación fue adherida por el fiscal.

“Nos presentamos porque si alguien dice que hay un Narco-Estado, hay implicados que tendrían que ser funcionarios o agentes de cualquier poder del Estado que permitan esto. Nos hemos presentado pidiendo que se establezca si hay alguien que actúa en ese carácter para saber y clarificar y porque realmente hay un compromiso del Gobierno para luchar contra el flagelo del narcotráfico y la droga, a pesar de que nosotros sabemos, y es de público conocimiento, que es competencia federal y no provincial”, señaló Zabala de Copes, para sumar que “si nos llegaran a negar la participación apelaremos; si hay una declaración de incompetencia, veremos, pero la tarea, la obligación constitucional nuestra es que ante estos hechos que se imputan, que se manifiestan, nosotros debemos ir a estar a derechos para que se investigue”.

Tiempos

Al ser consultada sobre cuáles son los tiempos que tiene la Justicia Federal para expedirse ante el pedido realizado, Zabala de Copes apuntó que “lo primero que tiene que hacer la jueza es estudiar su competencia en el caso, que es lo primero que hace un magistrado, y después, los plazos en la Justicia varían de acuerdo al estado en el que esté el proceso. Yo creo que resolverá con rapidez, porque así nos sucedió cuando hicimos la primera petición que comenté, y en el caso que nos fuere denegada recurriremos hasta la última instancia y si no, estaremos a derecho, y si nos hacen lugar, como creemos que nos corresponde, coadyuvaremos para que se esclarezcan los hechos. No hay que ver más que esto. Esto se llama simplemente estar a derecho, alguien dice algo y nosotros vamos a la Justicia, que es donde uno debe ir para decir: hay un narco-Estado, investiguen; hay algún funcionario, investiguen. Estamos acá, nos presentamos y vamos a dar toda la información”.

En otro tramo de la entrevista, la Dra. Zabala de Copes enfatizó que “si un agente o funcionarios cualquiera fuere, es responsable por acción u omisión, será responsable con todo el peso de la ley”.

“No está bueno que se digan cosas sin sustento”

Sobre el informe televisivo difundido el domingo último por Canal 13 de Buenos Aires a través del programa PPT, la fiscal de Estado dijo: “Son informes periodísticos que no tienen todavía ningún tipo de sustento legal, porque vemos una causa que recién comienza, y después, pretender hablar de la figura de cualquier funcionario porque tenga algún pariente en alguna causa en el grado que fuere, 3º, 4º, 5º, 6º, 1º o 2º, es algo que no tiene realmente sustento. Personalmente, hace 40 años que no vivo en el lugar donde nací. Tengo primos, parientes directos, primos 2º y 3º, y no puedo hacerme cargo de toda la parentela. Es imposible. Nadie se puede hacer cargo ni siquiera de los familiares directos cuando son adultos”.

Para Zabala de Copes, el informe del domingo en el programa del periodista Jorge Lanata fueron “actuaciones periodísticas; lo que interesa no es lo que se diga por los medios, sino lo que se pruebe en la Justicia”.

“Si hay algún funcionario implicado, si alguien hace algo incorrecto, sepáreselo del cargo con la sanción legal que corresponda, pero después del proceso judicial y de haberse probado. Y si no, también que se sepa, porque no está bueno que se digan cosas sin sustento”, señaló.