La central termoeléctrica recibió en las últimas horas un empujón más de las esferas políticas para su puesta en funcionamiento. Es que luego de la resolución del gobierno nacional en la que exime a Araucaria Energy del pago de una serie de impuestos, ahora se conoció que la Provincia le bajó su complejidad ambiental de clasificación de industria y quedó a un paso de ser considerada de segunda categoría. De esta forma, ante la inacción del gobierno municipal, podrían sortear los impedimentos locales para finalmente comenzar a funcionar.

Tal como había adelantado EL CIVISMO Digital, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) había determinado en mayo del año pasado que se trataba de una industria de tercera categoría y que la zona era “no apta” para su instalación. En el trámite llevado adelante por el organismo provincial también se advertía que la central conllevaba ciertos riesgos. Los tres puntos marcados por la autoridad competente fueron: Acústico, ASP (Aparatos Sometidos a Presión), Explosión e Incendio. Además, la calificaba con el puntaje de 29 en complejidad ambiental.

Sin embargo, en un nuevo documento del OPDS, ese puntaje bajó a 25, por lo que queda a un paso de ser categoría dos. Si baja de clase, la central termoeléctrica se quitaría de encima cualquier impedimento local y podría empezar a funcionar ya que el predio no necesitaría de rezonificación.

Según establece la Ley de Radicación de Industrias, de acuerdo a los valores de Nivel de Complejidad Ambiental (NCA), las industrias se calificarán en: Primera Categoría: hasta 11; Segunda Categoría: más de 11 y hasta 25; Tercera Categoría: mayor de 25.

La estrategia de la empresa es lograr bajar hasta los 23 puntos a partir de disminuir los metros cuadrados techados en el predio ubicado en ruta 6 y 34. Justamente, este fue uno de los ítems que logró disminuir la empresa en este nuevo documento. Además, en cuanto al personal, el OPDS determinó hasta 15 trabajadores, por lo cual en este punto lo categorizó con un cero.

En diciembre del año pasado, EL CIVISMO Digital había confirmado una reunión entre miembros de la Gobernación y concejales del oficialismo, en donde les recriminaron la derogación a la rezonificación aprobada en primera instancia. Allí se dejaban al descubierto las estrategias de la Provincia para sortear los obstáculos que hoy frenan la puesta en marcha del proyecto.

El primer objetivo era sacar la toma de decisiones de la órbita municipal, no sólo porque el Departamento Ejecutivo se quedó con poco margen de maniobra, sino también porque se considera que una medida a nivel local generará un mayor costo político. Esa intervención se vehiculizaría por intermedio del OPDS, con apoyo directo de la Gobernación.