En las últimas horas trascendió la información de que el presidente Mauricio Macri convocaría a una mesa de especialistas para analizar cambios en el Código Penal y asídisminuir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Para ello, deberá modificarse el régimen penal juvenil.

 Todo esto tiene repercusión tras la muerte de Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores, donde la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había manifestado que a partir del 2017 debería tratarse una reforma del Régimen Penal Juvenil.

Al regreso de sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri firmaría el decreto para convocar a una comisión especial para elaborar el anteproyecto que modifique la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con distintas escalas según el delito cometido.

El mandatario cree que pensar que chicos involucrados en estos hechos no comprendan la criminalidad de sus actos "es subestimar a nuestros jóvenes". En principio, el ante proyecto se debatirá durante este año y en 2018 se tratara en el Congreso.

La comisión que analizará la reforma del régimen penal juvenil estaría conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.

Uno de los puntos más discutidos anticipa ser el de las condenas. Según trascendió, la intención del Gobierno es que la pena de prisión sea sólo para los casos más graves, como homicidios, violaciones y delitos con armas.

Además, la reforma está orientada a la inserción de los jóvenes más que al castigo y al cumplimiento de la condena, en línea con lo que señala la Convención sobre los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional.

Brian fue asesinado y por ese heche hay dos detenidos, un adulto y un adolescente de 15, por lo que es inimputable, y no podrá ser condenado, según la ley actual.

En ese sentido, el diputado nacional Alfredo Olmedo se mostró a favor de la iniciativa y se jactó de haber presentado el proyecto el pasado mes de septiembre. Por otra parte, el legislador insistió en la necesidad de que los padres de los menores que cometan delitos paguen penalmente por los ilícitos que puedan cometer sus hijos.