De este modo, la gobernadora María Eugenia Vidal sigue sumando alfiles propios en puestos estratégicos, de cara a un año electoral que se plantea delicado de antemano.

En una gestión que viene haciendo de las polémicas la moneda corriente, IOMA no es la excepción. Esta vez se hicieron presentes luego de que se anunciara el nuevo servicio de emergencia para los afiliados. Se trata de un plan de atención ambulatoria de urgencia para los más de dos millones de afiliados que pagan su cuota en la provincia. Sin embargo, el proceso de licitación del servicio fue impugnado judicialmente en todas las oportunidades en las que se presentó desde el 2016, lo que implica que hoy se encuentra en duda su realización. La razón de dichas impugnaciones radica en sospechas de que la licitación había sido “pactada” para que se la lleve UPCN, a través de una compañía que controla dicho gremio, llamada Emergencias SA.

Al mismo tiempo, el presidente saliente, Sergio Cassinotti, abandona su cargo luego de haber denunciado un sinfín de irregularidades en el Instituto de Obra Médico Asistencial. Denunció los presuntos negocios truchos con medicamentos, facturaciones y recetas apócrifas, traslados de personas que habían fallecido hace tiempo y sabotaje a las unidades.

Navegando en un mar de conflictos y denuncias, D’Abate se hará cargo de la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires. Deberá arreglárselas para sortear el trance, especialmente en un año tan complicado como el 2017, en una provincia que tiene todas las fichas puestas en resolver el conflicto docente y ganar las legislativas de octubre, lo que implica que, muy posiblemente, no cuente con los recursos necesarios.