El oficialismo se apresta a aprobar hoy la declaración de emergencia

El oficialismo se apresta a aprobar hoy la declaración de emergencia

El Concejo tratará hoy el proyecto para declarar la emergencia de la comuna. La iniciativa fue modificada para evitar que sea utilizada para producir despidos o rebajas de sueldos. Pese al rechazo de la oposición y los resquemores del gremio, el oficialismo cuenta con los votos para aprobar la medida.

El oficialismo tiene previsto aprobar hoy el proyecto que declara la emergencia del municipio y le concede al Ejecutivo amplias atribuciones para afrontar la coyuntura económica y para poner en práctica distintas medidas en las áreas de educación, desarrollo social y de seguridad.

Esta iniciativa será tratada en el recinto luego de que fuera modificada en las comisiones ante el rechazo que el texto original había provocado en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Ni bien el expediente ingresó al Concejo, el gremio resolvió tener una activa intervención en el debate hasta lograr que el lunes pasado los concejales incluyeran un artículo que el que se explicita que la emergencia no será utilizada para producir despidos ni para reducir el salario de los trabajadores. Las autoridades y el cuerpo de delegados del STM se mantienen en alerta ya que todavía desconfían de que esta herramienta sea implementada a los fines de reducir prestaciones y servicios que afecten las condiciones laborales del personal. Por eso se espera que el tratamiento del proyecto en la sesión convocada para hoy cuente otra vez con la presencia de la comisión directiva y de decenas de afiliados, interesados en conocer cuál será la postura de cada una de las bancadas. Debido a la forma en la que la iniciativa se trató en las comisiones, se prevé que terminará siendo aprobada por las dos bancadas que actualmente integran el oficialismo: la Agrupación Atlántica-PRO y la Unión Cívica Radical.

La oposición, por su parte, saldrá a cuestionar distintos aspectos de la medida. El texto en tratamiento plantea establecer la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad por un plazo de 180 días, prorrogables con el aval del Concejo. Pero además establece que la declaración incluya a las áreas "educativa, social y de seguridad". Esto implica que el Ejecutivo contará con amplias facultades para tomar decisiones en materia de ingresos y de gastos, lo que genera múltiples especulaciones sobre el tenor de las medidas que serán adoptadas en el transcurso de los próximos meses. Durante la última semana la oposición se manifestó en disconformidad con los argumentos que planteó el secretario de Economía, José Reinaldo Cano, para defender la iniciativa y con el hecho de que el oficialismo haya obstruido la posibilidad de que otros funcionarios acudieran al Concejo para explicar cómo tienen previsto aplicar la emergencia. Esa postura es compartida por Acción Marplatense, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, cuyos concejales votaron en contra del proyecto en las dos comisiones en las cuales fue tratado esta semana. El único funcionario que describió cuáles son sus objetivos fue Cano, quien el viernes pasado volvió a presentar ante los concejales su evaluación sobre la situación económica y financiera del municipio, dando cuenta de la existencia de una significativa deuda con proveedores y un considerable déficit operativo.

El secretario adelantó que su meta es la de corregir estos desfasajes mediante la revisión de contratos, renegociación de deudas o derogaciones de exenciones de tasas. Además prometió una pronta elevación del presupuesto del ejercicio 2016, anticipando que su contenido revelará cuáles son sus expectativas en materia de ingresos de de gastos para este año.

En el caso del área económica y financiera, las principales atribuciones que concederá la declaración de emergencia consisten en hacer uso de fondos afectados para afrontar compromisos urgentes, derogar exenciones de tributos y acelerar trámites de jubilaciones.

El proyecto también menciona otras medidas de carácter político y simbólico como la de restringir la utilización de vehículos oficiales, limitar los gastos de las partidas de publicidad y propaganda, restringir al mínimo las erogaciones de protocolo, suspender el pago de viáticos a funcionarios a excepción de los autorizados por el intendente y suspender el uso telefonía celular a cargo del municipio.

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