“No hay ningún superpoder ni nada extraño”, dijo Jiménez

“No hay ningún superpoder ni nada extraño”, dijo Jiménez

El ministro público defendió los cambios.

“Tenemos muchas expectativas y esperanzas (en la implementación del sistema acusatorio y adversarial), para que podamos dar respuestas a la gente. Es necesario que todos los poderes y factores que intervienen dentro de este esquema jurídico se esfuercen para ponerlo en funcionamiento en septiembre, como dice el Código, y no que comiencen las prórrogas. Para eso es necesario que trabajemos juntos y que no pongamos obstáculos o ‘palos en la rueda’, como suelen decir algunos, para que esto no avance”. El ministro público Edmundo Jiménez empleó una de las frases de cabecera del ex gobernador José Alperovich (Jiménez fue su ministro de Gobierno y Justicia durante 11 años) para advertir sobre la necesidad de avanzar con la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, aprobado en octubre por la Legislatura.

Jiménez brindó ayer una conferencia de prensa para referirse a la reciente división del Ministerio Público en dos: una institución para la acusación -que seguirá a cargo de Jiménez- y otra similar para la defensa (su titular será designado en forma discrecional por el Ejecutivo con acuerdo del Legislativo). El funcionario consideró al desdoblamiento como uno de los pasos fundamentales para poner en marcha el sistema adversarial -acusatorio.

Descartó que él vaya a adquirir “superpoderes” al manejar su propio presupuesto y personal (en vez de que mediara la Corte, como hasta ahora) y que vayan a producirse nombramientos irregulares.

“Los fiscales siguen siendo designados por el Consejo Asesor de la Magistratura. El fiscal regional también. No cambia la designación. Lo único que cambia es la administración de recursos. El ministerio fiscal ya tenía presupuesto y personal propios, pero era administrado a través de la oficina administración de la Corte. Ahora será por la oficina administrativa del ministerio. Ni siquiera cambia el presupuesto ni la asignación de recursos que ya lo tenía”, argumentó.

Defendió la iniciativa aprobada y enumeró una docena de provincias en las que funciona y también en la Nación. “Esto no es un invento de la Legislatura ni del Ministerio Público, no hay ‘superpoderes’. No hay nada extraño ni superpoderes a lo que debe ser a lo que debe ser el procedimiento acusatorio que aplicaremos”, insistió.

Al ser consultado sobre si los cambios podrán efectuarse con el presupuesto y el espacio físico con el que cuentan, afirmó que no habrá inconvenientes. “Tenemos un avance en relación a otras provincias, porque tenemos un sistema acusatorio. Ahora vamos al sistema adversarial, tenemos la mitad hecha. Con respecto a Rosario (Santa Fe), tenemos más jueces y no hace falta nombrar más y en cuanto a los empleados, no hacen falta más. Sí son necesarios más fiscales y ayudantes como tienen”, aseguró.

“Lejos”

Jiménez hizo hincapié en que se tienen que generar las condiciones para implementar los cambios y para “poner a disposición de la sociedad una institución que persiga y castigue el delito”. “Hoy estamos muy lejos de eso y lo venimos diciendo desde hace dos años: la Justicia no da respuestas y no tiene suficiente estructura. No tiene los recursos y la sociedad no está satisfecha”, sostuvo.

Se mostró convencido de que la aplicación de los cambios derivarán en una justicia “veloz” en la que “las causas menores se resuelvan rápidamente y no queden para prescribirse, como es actualmente; y en las causas importantes también tengan un trámite rápido y en un tiempo prudente”.

Las reformas aprobadas el jueves fueron impulsadas por el bloque oficialista, identificado con la Casa de Gobierno. El legislador Marcelo Caponio (FpV) fue el autor de la iniciativa aprobada.

El órgano que representa los intereses de la sociedad en la Justicia se escindió y uno tendrá las funciones de acusar y el otro, la de defender. La oposición advirtió que se otorgarían superpoderes a quienes encabezarán ambas partes.

El proyecto original del oficialismo otorgaba al Ejecutivo la facultad de nombrar en forma discrecional a los fiscales y defensores regionales (coordinadores). A instancias de la oposición, se modificó este punto e intervendrá el CAM.

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