Por medio de la Resolución N° 381/19-A, el intendente de Puerto Rico, Federico Neis, decidió devolver a la Nación el dinero de las obras que no se hicieron y que llegaron a la comuna en 2014 en el marco del programa GIRSU, destinado a construir una planta de tratamiento y reciclado de la basura domiciliaria.

El documento, al que accedió PRIMERA EDICIÓN, establece “rescindir el Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Municipalidad de Puerto Rico”. Además ordena “al Departamento de Contaduría Municipal a que proceda a la devolución al Estado nacional, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del monto depositado en la cuenta del Banco Nación Número: 4170011090 ($2.312.936,20)”.

El proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), fue gestionado por la Administración de Neis, sin embargo, a pesar de haber sido aprobado y que los recursos monetarios llegaron al municipio para que el proyecto se implemente, el Ejecutivo municipal nunca lo ejecutó.

En el camino hubo diferentes inconvenientes que paralizaron la obra.

Fueron muchos los pedidos de informe presentados desde el Concejo Deliberante, esperando argumentos razonables ante la no implementación del proyecto.

Lo grave, dicen los opositores, es que durante todos estos años el dinero estuvo depositado en una cuenta bancaria y perdió tres o cuatro veces su valor. Con la misma suma no se podría realizar ahora ni el 30% de la obra que se hubiera hecho en aquel momento.

 

Causa judicial

A fines de 2016, el fiscal Carlos Rívolo inició la investigación y pidió la elevación a juicio oral de la causa que complica a 47 intendentes por el manejo que realizaron de fondos para residuos urbanos durante el último tramo del Gobierno K, entre ellos el misionero Neis.

Para la Fiscalía, hubo irregularidades en cómo los municipios administraron los fondos, y fundamentalmente, en la forma en que se distribuyeron.

El juez Bonadio, es quien investiga el destino de más de 600 millones de pesos, otorgados a diferentes municipalidades para proyectos de reciclado y de gestión de residuos entre 2013 y 2015.

En julio, la Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento de 47 jefes comunales de todo el país, en el marco de la megacausa que investiga el uso de fondos públicos para obras medioambientales.

Al municipio de Puerto Rico, “se le giraron durante el año 2013 $2.783.936 en razón de un proyecto que sus propias autoridades reconocieron como no ejecutado, pero cuyos fondos permanecían congelados”, indicó la resolución judicial contra Federico Neis.

Cuando Bonadio lo procesó en febrero de este año, Neis apeló a las redes sociales para hacer su descargo, dando detalles de donde se encuentran los fondos. Dijo que el primer proyecto no prosperó porque el predio de la comuna no era apto ambientalmente.

Luego se compró otro lote de 4 hectáreas, pero los vecinos del lugar se opusieron a una planta de reciclaje cerca de sus casas. En 2016 se elevó a la Nación un nuevo proyecto que en 2017 se estancó en la burocracia nacional, debido a cambio de autoridades.

“No hubo malversación de fondos ni corrupción”, aseguró Neis. Parte del dinero se invirtió en equipos (una pala frontal y una extrusora de plásticos) y el resto sigue depositado en una cuenta especial, indicó.