Puerto Madero #122

La puesta en venta de un terreno de 17.000m², emplazado en una zona clave del Dique 4, en Puerto Madero, por el que se conseguirían u$S 60 millones, reabrió el deba-te por el uso de tierras públicas y el negocio inmobiliario en la Ciudad de Bue-nos Aires. “En los últimos nueve años, en que gobernó el PRO, se han privatizado y vendido tierras públicas por más de 300 hectáreas. Casi un barrio y medio de la Ciudad”, denuncia Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho porteño.

Puerto Madero es reconocido como epicentro para la realización de negocios de muchas empresas nacionales e internacionales. “Para nosotros, Puerto Madero es el paradigma de cómo la tierra pública de la Ciudad es destinada a negocios inmobiliarios que no tienen en cuenta las necesidades de los porteños”, sostiene Baldiviezo.

En el desarrollo urbanístico del barrio con el metro cuadrado más caro de la Ciudad, la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. (CAPMSA) jue-ga un rol fundamental. Nacida durante el menemismo, a esta sociedad anónima, de conformación mixta entre Nación y Ciudad, se le dio la facultad de urbanizar el 47º barrio porteño.

El abogado Baldiviezo recuerda que en los 90´ se decía: “Hay que desarrollar esta zona ociosa, donde el puerto ya no tiene ninguna razón de ser. Hacemos negocios inmobiliarios y, con ese dinero, damos vivienda, salud y educación a los porteños”. No se hizo nada de eso.

Para Maximiliano Ferraro, legislador de la Ciudad por la Coalición Cívica (CC), el tema de los emprendimientos urbanísticos debe darse en el marco de una alianza responsable entre el Estado y desarrolladores privados. “Este planteo lo tienen muchas ciudades del mundo. Por lo cual, si a un desarrollador inmobiliario se le permite cierto tipo de operaciones que plantee cambios en lo que marca el Código de Planeamiento Urbano, debe volver al Estado una retribución para poder invertir en obra pública, educación y desarrollo social”.

La venta de las parcelas de terrenos públicos fue lo que impulsó la proliferación de interesantes negocios para los desarrolladores privados. Pero para Jonatan Baldiviezo, “la planificación del barrio, bajo la responsabilidad de CAPMSA, fue orientada a la especulación inmobiliaria. Ni siquiera fue una planificación para garantizar la vivienda a los sectores más altos de la población”.

Patricio Del Corro, exlegislador porteño por el FIT, plantea que “no se utilizaron terrenos públicos para expandir la Ciudad y que viva más gente en ella, sino para generar una especie de gran barrio privado, que ya geográficamente está cercado. Que no haya ni hospitales, ni escuelas ni transporte público te da una idea de a qué tipo de gente se apunta para que resida ahí”.

Sobre el control a empresas como CAPMSA, Ferraro expresa que este tipo de sociedades, muchas veces, queda por fuera del control parlamentario que al legislador le gustaría tener. “La corporación es una sociedad que presenta balances. Al ser una sociedad anónima, y al tener capitales, más allá de que sean capitales de la propia Ciudad y de la Nación, su ejercicio se ve a través de balances. Después, empiezan otros tipos de controles que tendremos que hacer los legisladores, como con AUSA”, resaltó el diputado de la CC-ARI.

Otro de los interrogantes que surgen es qué se hace con los recursos de la venta de esas tierras públicas. Al respecto, Baldiviezo expresó: “Entre las leyes que fueron autorizando la construcción de este barrio, hay una ordenanza de la Ciudad que obligaba a que los recursos de la venta que produjera la corporación, que es una sociedad anónima, debían destinarse a Salud, Educación y a viviendas”.

El representante del Observatorio declara que nunca pudieron acceder a una rendición de cuentas de la CAPMSA. Tampoco tienen en claro qué se ha hecho con ese dinero. Ellos estiman que, al tratarse de uno de los barrios más importantes de la ciudad de Buenos Aires, habrá sido muchísimo el dinero recaudado por la urbanización.

Del Corro denuncia que “hay un control mínimo desde el Estado, que apunta a fortalecer los negocios de especulación inmobiliaria. Eso explica también por qué son edificios con departamentos de altísimo costo, y sin embargo se man-tienen desocupados en su gran mayoría. Entonces, esos lugares son nichos de especulación inmobiliaria”.

El exlegislador le reclama al Gobierno porteño su falta de políticas para que las nuevas viviendas sean para quienes vi-ven en emergencia habitacional o en villas miseria. En su lugar, permite que los edificios nuevos se utilicen para especulación inmobiliaria. “Uno tiene el contraste brutal de la villa Rodrigo Bueno a 200 metros de edificios de lujo, donde no habita nadie”, finaliza Del Corro.