En Neuquén, es una batalla de rigurosa actualidad política, dada la importancia del milenario combustible, para los hechos y para la construcción de ficciones utópicas, tanto positivas como negativas. El kirchnerismo neuquino da su batalla enancado en la traición del MPN hacia la historia reciente, que ambos protagonizaron, unos gananciosos, los otros en retirada. Es aliado ahora del sindicalismo estatal más combativo, el de la CTA, que con ATE y ATEN a la cabeza, ubicó en la sangría que provocarán las nuevas facturas en los salarios de sus representados, el nuevo objetivo-justificativo de sus andanzas bélicas: bloqueos programados en los pasos fronterizos, una iniciativa lindante con el desquicio, pero eso sí, llamativa.

Kirchneristas y gremialistas estatales igualan en la categoría de enemigos de sí, y por ende del pueblo, a Mauricio Macri y Omar Gutiérrez. Son, para ellos, socios en el afán expoliador de los salarios a través del incremento en el precio del gas. Participan de esta cruzada que en Neuquén debe leerse como oportunidad anti-MPN diferenciante, grupos más pequeños que ven con inquietud la futura reforma política que prohibirá listas colectoras y otras artimañas electorales, como Libres del Sur, UNE, el Frente y la Participación de Ramón Rioseco, el Frente Grande, y por supuesto, la izquierda vernácula en todas sus variantes.

La oportunidad político-sindical está pintada en detalle: medidas antipopulares, enojo generalizado, aprovechamiento inexorable de la oposición contra los oficialismos.

Pero la fuerza de la reacción popular frente al llamado tarifazo del gas, que se suma a la inflación tremebunda, parece no ser suficiente para originar puebladas de indignados. El gobierno de Macri resiste y arroja medidas compensatorias al ruedo, como el reconocimiento a la deuda histórica con jubilados, el quite de la aplicación del IVA a los alimentos de la canasta básica para grupos de menores recursos que también incluyen a los señores y señoras de la clase  pasiva. Le dura todavía el crédito y parece beneficiarse con la sinceridad, ya pasado el efecto de la ola “mani pulite” judicial y los efectos más resonantes de la gigantesca corrupción que sigue aflorando desde los poros  más antiguos de ese cuerpo informe que han formado las corporaciones políticas, sindicales y empresariales en este país siempre al borde del desastre, y al mismo tiempo, cerca de la alegría de las grandes epopeyas.

El gobierno del MPN hace algo parecido. Toma, en principio, la situación con calma. Se trajo del encuentro con intendentes y empresarios de la zona sur de la provincia (la que más castigo recibe del nuevo tarifario gasífero) un diagnóstico dentro de su caja de posibilidades alentadoras: descontento ante la desmesura, pero no contrariedad hacia el reconocimiento de que el gas tenía que ser corregido en lo que a precios se refiere. El miércoles, irán los funcionarios neuquinos, tal vez el propio gobernador Gutiérrez, a un nuevo encuentro con Rogelio Frigerio, el artífice nacional de los acuerdos. Llevarán la propuesta de un tope de 500 por ciento para las tarifas de usuarios comerciales. Si hay visto bueno (se estima que sí), con algún que otro beneficio adicional para las pymes, se habrá sorteado el obstáculo más serio. Lo demás, entrará en la amplitud de la tarifa social, la que conserva el subsidio del Estado, en donde meterán a ciudadanos comunes con recursos bajos, y también a instituciones amenazadas, como los clubes y demás organizaciones civiles que ofrecen servicios deportivos y culturales. En el MPN, que ha promovido estas actividades más que ningún otro partido político en el país, no se hacen mayor problema con este tema, y hasta sonríen frente al apocalipsis que pintan algunos referentes opositores.

La realidad parece que no pasará más allá de las admisiones de recursos de amparo por parte de la Justicia. Esto ya ocurrió en la semana en Zapala, a partir de una iniciativa que impulsó el grupo político que responde a la Intendente de esa ciudad, Soledad Martínez, en donde abrevan ocasionalmente desde el Frente Grande al UNE, pasando por el riosequismo y también el nuevo kirchnerismo residual, ese que aprieta los dientes y jura que volverá apenas se destroce la ilusión liberal del macrismo.

La  Justicia, es concreto, puede frenar la aplicación de los aumentos en las tarifas del gas, pero no para siempre. De hecho, el Poder Ejecutivo tiene todas las de ganar en esta cuestión de manejar el precio de estos servicios que involucran áreas estratégicas del Estado, como es ciertamente la energía. Judicialmente, pues, se podrá actuar cuando haya atropello concreto a derechos esenciales. No más allá, pues la Justicia no fija los precios de la cosas, tampoco los del gas. La tropelía en este sentido avanzó antes, no ahora. Fue cuando durante más de una década el gas se pagó a precios irrisorios. Se puede poner como ejemplo (sin ofender a nadie) algún hotelero cordillerano, que cobraba una habitación unos 3.000 pesos la noche, y que pagaba una factura de gas por un importe menor a ese precio. Su queja, ahora, de que se le ha multiplicado ese gasto, es relativa, porque lo cierto es que estaba pagando el gas de todo el mes con un tercio de lo que ganaba con una sola habitación en un día.

Difícilmente haya rebelión popular en serio con el tema gas. No cuando la factura del preciado combustible, entre quienes hacen un uso racional de la energía, seguirá sin superar a otros servicios. La televisión satelital, por ejemplo, se factura mensualmente a razón de entre 700 y 1.000 pesos, según el usuario y el servicio que pague. Los servicios de Internet y telefonía pueden tranquilamente superar el costo mensual del gas en pleno invierno de cualquier familia, aun con tarifazo aplicado y en vigencia.

Esto no quiere decir que el gobierno nacional haya hecho bien las cosas. Por el contrario, pareciera que aplicara la receta de la prueba y el error, antes que la de un método político establecido, firme y sereno. Solo el desquicio anterior justifica que esta administración sobreviva a semejantes sacudones.