Las exmagistradas Adriana Beatriz Gallo, Silvia Susana Maluf y Ana María Careaga plantearon sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que en el proceso de remoción de sus cargos se violaron sus derechos.

A pesar que la destitución fue concretada por funcionarios públicos de la provincia de San Luis, durante el último gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, el Estado Nacional asumió su responsabilidad internacional por el caso.

En el Informe 72/12, aprobado por Decreto N° 2131/2013, el Estado reconoció que las magistradas “no gozaron de las debidas garantías en los procesos seguidos en jurisdicción provincial de los que derivaran sus destituciones a consecuencia del legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión”.

Las magistradas fueron destituidas luego de cuestionar una serie de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo Provincial en el año 1997 vinculadas a la Justicia. El Colegio Público de Abogados solicitó la intervención de la Provincia y fue disuelto por el Gobierno. Las magistradas firmaron una adhesión al planteo de intervención, lo que derivó en la conformación de un Jury para removerlas.

Gallo fue destituida el 6 de noviembre de 1998; Careaga el 17 de diciembre de ese mismo año; y Maluf el 1 de noviembre de 2002.

Como parte de la reparación por aquellas medidas, el Estado Argentino se comprometió a pedir disculpas públicas a las exfuncionarias judiciales y comunicar la resolución a medios de difusión y a superiores tribunales de justicia, universidades,  y organismos públicos y privados a los que la Provincia haya comunicado las destituciones.