Ya con el fallo consumado de la Corte Suprema de Justicia contra la suba de tarifas del gas, el Gobierno de San Luis lo destacó pero ya piensa en dar un paso más en el tema: hoy anunció que recurrirá a la Justicia Federal otra vez, con la intención de lograr que comerciantes e industriales, que quedaron fuera del alcance de la decisión del máximo tribunal, y el Estado provincial como consumidor (escuelas, hospitales y otros entes), tampoco deban afrontar las fuertes subas en el servicio.

 

Eduardo Allende, fiscal de Estado de la provincia, adelantó que el Poder Ejecutivo provincial analiza el recurso que llevará ante el juez federal Juan Esteban Maqueda, que el 1º de junio pasado frenó en la provincia, a pedido del gobierno puntano, la aplicación de los aumentos decididos por la Nación, prohibió el corte del servicio por falta de pago de las boletas emitidas con el aumento, y puso un tope del 70% a las subas.

 

"Ese reclamo judicial lo iniciamos juntos Defensa del Consumidor, por los usuarios, y Fiscalía de Estado, en nombre del Estado como consumidor. A su vez pedimos que fuera extensivo hacia todos los consumidores, incluidos el comercio y la industria, porque la suba de las tarifas afectaría la actividad económica en la provincia", recordó Allende.

 

El fiscal dijo que la nueva presentación surgió de una iniciativa del gobernador Alberto Rodríguez Saá. "Estamos trabajando ahora, a partir de una charla que tuvimos con el Gobernador, en una presentación que haremos ante el Juzgado Federal, en la que vamos a plantear que el juez reasuma la competencia respecto de estos otros usuarios que no fueron alcanzados por el fallo de la Corte".

 

"La intención es continuar el reclamo judicial respecto de este otro universo de usuarios, porque el alcance de los incrementos afecta directamente a la actividad económica, y al empleo", dijo.

 

Sobre la decisión que la Corte hizo pública hoy, el fiscal de Estado explicó que el fallo del juez federal Maqueda, que suspendió el "tarifazo" en San Luis, "fue absorbido hace quince días por el juicio que llevaba la Cámara Federal de La Plata, que fue el que terminó resolviendo ahora el máximo tribunal".

 

"Es una buena noticia. La Corte ha declarado directamente la nulidad de todas las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación y del Enargas, que dispusieron el primer aumento de hasta un dos mil por ciento, y los posteriores del 400% para usuarios residenciales y 500% para las industrias".

 

Allende destacó también que la decisión firmada por los ministros del tribunal mayor prohíbe aplicar los aumentos y obliga al Estado nacional a realizar las audiencias públicas que establecen la ley y la Constitución de la Nación. "El fallo cita como fundamento principal, como pilar del dictamen, el artículo 42 de la Constitución, referente a los derechos de los usuarios y consumidores, que fue incluido por la reforma constitucional de 1994".

 

El funcionario también analizó el impacto político de la decisión. "Es un revés durísimo para el gobierno nacional, cuyos funcionarios dejaban entrever que la Corte avalaría la suba tarifaria. Los medios de difusión afines al gobierno nacional decían que iba a sacar un fallo unánime avalando el costo del gas de boca de pozo, y solo obligaría a realizar audiencias sobre el resto de la tarifa. Pero la Corte fue categórica: hizo un llamado de atención muy grande a la Nación sobre las audiencias que indica la ley".

 

"Es un fallo muy importante que hace cumplir la ley sobre el llamado a audiencias públicas y le da entidad al artículo 42 de la Constitución, que garantiza el uso y disfrute de los servicios públicos para toda la comunidad, con precios razonables", finalizó.