La Legislatura difiere el tratamiento de proyectos que prohíben el aborto en Tucumán

Pese a que la mayoría declama la “defensa por la vida desde la concepción”, el oficialismo no otorgó su aval para que en la próxima sesión sea debatido un proyecto del radicalismo para limitar la aplicación de protocolos abortivos. Se elaboró una iniciativa para la protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer.
Durante la última sesión de la legisaltura tucumana llevada a cabo el jueves pasado, nuevamente se instaló en el debate la polémica suscitada por el aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la práctica del aborto en mujeres que hayan sido víctima de un abuso sexual.

Además, la discusión que se sustentó en el período de Manifestaciones Generales hizo hincapié en el rechazo por parte de algunos parlamentarios a la aplicación del protocolo instrumentado por el SIPROSA en los diversos centros de salud de la provincia, con el objeto de establecer las pautas a seguir por los profesionales médicos al momento de concretar una interrupción voluntaria del embarazo. Más allá que la mayoría de los legisladores se haya pronunciado a favor de la vida desde la concepción, en un momento de la sesión se produjeron rispideces entre la radical Silvia Elías de Pérez con los oficialistas Roque Tobías Álvarez y Marcelo Caponio.

En el primer caso, la referente del centenario partido demostró su contrariedad ante la falta de acompañamiento de la bancada justicialista para con una moción de preferencia solicitada por ella, con el fin de tratar en la próxima reunión un proyecto de su autoría a través del cual se prohíbe la aplicación del protocolo anteriormente referido.

Al momento de votar el pedido de la correligionaria, el oficialismo no se encolumnó y Álvarez tuvo que tomar la voz cantante, pese a que él también presentó un proyecto en este sentido, y argumentar que el tema necesitaba de un mayor estudio y análisis por parte de las comisiones de trabajo legislativas.

"No deja de sorprenderme la actitud de mis colegas, parecen no tener en cuenta la tragedia que este tipo de protocolos del horror causa en Tucumán. Estamos violando la ley del Derecho del Paciente y la patria potestad, puesto que jovencitas de tan sólo 14 años se presentan en los hospitales para que se les practique un aborto sin ni siquiera contar con el consentimiento ni autorización de los padres", resaltó Elías de Pérez, a la vez de demostrar su molestia al indicar: "me duele que desde esta Legislatura no se intente poner un freno a la implementación de estos protocolos de la muerte".

Proyecto de protección integral

Así también, otro de los cruces que se propiciaron en el recinto la tuvo como protagonista a la radical y a Caponio, puesto que la legisladora le recriminó a su par del peronismo (quien no acompañó en la votación al proyecto por ella elaborado) que no haya cumplido su promesa de campaña electoral, cuando declamaba la defensa por la vida. Ante ello, Caponio señaló que "no puedo votar por tratar este proyecto porque estaríamos obrando en contra de un fallo judicial del Máximo Tribunal del país (en la sentencia se insta a las provincias a la aplicación de los protocolos), debemos buscar otras alternativas para la protección de los seres más indefensos que pueda haber, quienes tienen reconocimiento desde la concepción misma", adujo.

Justamente, el representante del alperovismo en la Cámara mencionó que presentó un proyecto de ley para la "Protección integral de los derechos del niño por nacer y de la mujer embarazada", en cuyo contenido se obliga al Estado provincial a brindar asistencia integral a la mujer que se encuentre en dicho estado. Así también, la iniciativa tiende al amparo de las féminas que fueran víctimas de violencia sexual, a través de una asistencia integral médica, psíquica, psicológica, sexual, reproductiva, legal, y espiritual, de manera inmediata y permanente.

Al respecto, específica que se considera como un caso de violencia contra la mujer, toda interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a la mujer embarazada a la práctica de un aborto.

De acuerdo a lo planteado por el justicialista "el Estado Provincial garantiza la protección integral de los derechos del niño por nacer, en particular su derecho humano a la vida desde el momento de la concepción, sin distinción ni discriminación de ninguna naturaleza, lo que obviamente incluye a la discriminatoria categoría de 'niños no deseados'".

Otro eje sobre el que se asienta el proyecto en cuestión determina que el fomento de la adopción se constituye en política de Estado como alternativa al aborto y como derecho del niño. En tal sentido, enuncia la iniciativa, se establece la obligatoriedad de que a la mujer se la informe suficientemente sobre las consecuencias físicas y psicológicas del aborto y las alternativas al mismo: ya sea continuar el embarazo con la asistencia integral del Estado o dar al niño en adopción.

Al mismo tiempo se dispone "la creación de Centros de Atención a la Maternidad a los fines de brindar asistencia integral, apoyo e información a las mujeres gestantes en todo el territorio de la provincia; disponiéndose que en materia de política asistencial será prioritario la contención de la mujer gestante en especial situación de riesgo", argumenta la propuesta legislativa.

Paralelamente, como derecho a la salud de la madre, se establece la obligatoriedad de una ecografía, antes de cualquier práctica de tipo abortivo (por ejemplo, para verificar si no existe un embarazo ectópico, u otra patología). "La ecografía también hace al derecho a la información de la madre víctima de violación, a conocer al niño que lleva en su seno, antes de tomar cualquier determinación", considera Caponio.

Asimismo, se prevé en la letra del proyecto, que cuando el personal sanitario sospeche fundadamente que no existió violación, se ponga inmediatamente en conocimiento del fiscal de turno y del defensor de menores para chequear el caso suscitado.

Finalmente, se legisla sobre la "objeción de conciencia", o sea, el derecho del médico a no realizar un aborto fundado en motivos éticos o religiosos, "previéndose que cualquier impedimento al ejercicio de este derecho -por parte de algún funcionario del Estado- será considerado un abuso de autoridad", resalta Caponio.

Coment� la nota