La pelea entre la oposición y el oficialismo por fijar la alícuota del impuesto de Ingresos Brutos para la actividad hidrocarburífera sigue en pie. Ayer el gobernador Francisco Pérez jugó su última carta y en la promulgación de las leyes de Avalúo e Impositiva en el Boletín Oficial dejó sin efecto el artículo en donde se fija que se cobrará el 3,5% a las empresas que cumplan con un plan de inversiones.

Con este veto, Pérez redujo al 3% el gravamen a la exploración y explotación de petróleo y gas en función de lo que acordó en setiembre de 2014 con las provincias productoras de petróleo (Ofephi) y la Nación. Pero la oposición revisó  el decreto y advirtió que hay “un error material comprobable e irrefutable”.

Así lo señaló el senador Juan Carlos Jaliff y advirtió al titular de la ATM, Claudio Gil: “Vamos a controlar al director y si comprobamos que le cobra a una empresa el 3% de Ingresos Brutos, le iniciaremos una causa penal, judicial y comercial”.

Con esta nueva pelea, el porcentaje de Ingresos Brutos para las empresas petroleras sigue estando en el centro del debate. Cabe recordar que la alícuota general es del 5% y se reduce al 3,5% para las empresas que cumplan con el plan de inversiones. En el proyecto enviado por el Ejecutivo, este valor general se fijó para 2015 en el 3%, porcentaje que no se puede superar.

Pero el radicalismo, en la polémica sesión de la madrugada del 22 de diciembre, modificó el artículo 46, volvió los valores al 3,5% y le dio media sanción. A la semana siguiente, sin mayores reparos, se aprobó en el Senado la ley Impositiva con la modificación radical.

La pelea

En los hechos, Pérez sorprendió ayer con el decreto N° 32/15 , en donde vetaba el artículo 46, el cual establece que “la actividad producción de petróleo, crudo y gas natural prevista en la Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Anexa al artículo 3, correspondiente al código de actividad 220019, la alícuota se reducirá al tres y medio por ciento (3,5%) si los contribuyentes hubieren cumplido con el plan de inversiones”.

En dicha planilla mencionada se establece que la alícuota general es del 5% para la actividad de explotación de minas y canteras, pero en el detalle se fija que para el sector en disputa la alícuota especial del 3%.

Es en este último punto en donde se instala la pelea entre el Ejecutivo y la UCR. Con el veto, en el Gobierno defienden que el porcentaje pasa al 3%, mientras que en la oposición dicen que se va al 5%.

En cuanto a la primera versión, en el oficialismo sostienen que el radicalismo, en la rapidez de “imponer un texto”, olvidó algunos detalles.

“No es necesario que el Ejecutivo mande un proyecto a la Legislatura para rectificar el artículo vetado. La UCR  fijó el 3,5% por el articulado pero nunca modificó las planillas, las cuales quedaron como el Ejecutivo lo mandó (con el 3%)”, indicó el subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Tobares. 

En el decreto, los considerandos remiten a este 3% escrito en la “Planilla Analítica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos Anexa al artículo 3”.

Pero Jaliff hizo su revisión y apuntó: “Jamás se puede reducir del 3,5 al 3. Es evidente que hay un error material de las autoridades de las Cámaras, quienes olvidaron dejar en blanco este espacio. Si se aprobó el artículo que reduce al 3,5% Ingresos Brutos, no se puede aceptar que el valor general sea del 3%”. Bajo este argumento, el radical sostenía que el veto que realizó Pérez vuelve los porcentajes a la alícuota general (5%).

Con estos contrapuntos, se reavivó la pelea. En el gobierno festejaban el decreto y aseguraban que no había marcha atrás, ya que si bien la parte objetada de la ley debe volver a la Legislatura, un eventual cambio (para restablecer el 3,5%) necesita sí o sí tener la aprobación de los dos tercios de ambas Cámaras. En este sentido, la oposición no logra la mayoría especial en Diputados ni Senado. 

“Vamos a respetar el acuerdo que teníamos porque necesitamos  tener homogeneidad  para evitar desventajas entre las provincias vecinas. Si queremos que YPF invierta no podemos permitir que en Mendoza tengamos una tasa y en Neuquén haya otra”, argumentó el diputado malargüino, José Muñoz (FPV), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios.

En el otro lado del razonamiento, el diputado radical, Martín Kerchner, integrante de la misma comisión, criticó al gobernador: “Francisco Pérez gobierna para pocos, 'Paco para pocos', todo el bloque del Senado del FPV votó esta ley, es decir, ni siquiera respeta la voluntad del pueblo puesta en sus propios legisladores. Él beneficia sólo a las empresas petroleras en perjuicio de todos los mendocinos. Le tiene miedo a desobedecer a la Casa Rosada”.