El gobernador Alfredo Cornejo sigue obsesionado en impulsar cambios en la justicia local y así lo demostró el sábado en la cena de gala por el centenario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. El mandatario anunció que buscará una regulación de la matrícula de los abogados ya que ingresa un jurista y medio por día al sistema.

“Estamos abiertos a propuestas e ideas que puedan llevarse a la práctica en un corto plazo, sin esconder el problema para poder enfrentarlo y resolverlo en un marco de legalidad”, afirmó ante la audiencia de juristas a la que también asistieron, entre otros, el juez de la Corte Suprema, Jorge Nanclares; el Procurador Alejandro Gullé; el ministro de Justicia, Dalmiro Garay y la ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, entre otros.

Según los datos aportados por la Subsecretaría de Justicia, el mes que viene en Mendoza se entregará la matrícula N° 10.000 y actualmente hay 5.000 abogados en actividad. Esta situación “preocupa” al Ejecutivo por lo que se invitó al Colegio de Abogados a trabajar en la elaboración de un proyecto.

En Mendoza hay 9 universidades que ofrecen la carrera de Derecho, tres de las cuales son bajo la modalidad a distancia. Sólo en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hay más de 3.200 estudiantes en la carrera de Derecho. Según explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, “Cornejo quiere avanzar con el Colegio de Abogados para trabajar en una ley para ver cómo se puede regular a través de la matrícula.

“Hay que regular la actividad, mandamos cada vez más abogados a un sistema en detrimento. Se perjudican los recién recibidos porque trabajan por poco dinero para grandes estudios, se bastardea la profesión”, indicó el funcionario.

La situación alarma también por el alto nivel de litigiosidad que tiene la provincia, siendo una de las regiones con mayor cantidad de litigios en el mundo, según datos oficiales. Si bien se trata de un proyecto que aún es “embrionario” ya se deslizaron algunas ideas de cómo regular el otorgamiento de las matrículas.

Una de las opciones que se barajan en torno a esto es que una vez que el estudiante se recibe de abogado pueda realizar trabajos de asesoramiento y si quiere litigar deberá pasar por un “tamiz” a través de un examen, que por ejemplo podría ser de procedimiento, ya que quienes estudian a distancia no tienen ese tipo de conocimiento.

De todas maneras desde el Ejecutivo dejaron en claro que estas modificaciones se aplicarán para las nuevas matrículas y no para los que ya están en ejercicio.

“Mendoza no necesita más abogados sino mejores abogados”, concluyó D´Agostino. Sobre esto se expresaron autoridades del Colegio de Abogados, quienes celebraron la iniciativa.

Para las autoridades actualmente hay una “oferta educativa inadecuada”, por lo que consideran que en la provincia hay abogados que litigan sin tener los conocimientos mínimos, por lo que apuntan a la "calidad" y no a la cantidad.

Cambios en la Ley del Consejo de la Magistratura

Pero el tema de las matrículas no es el único, el gobernador también adelantó que enviará un proyecto para modificar la ley del Consejo de la Magistratura. En este caso se busca “garantizar la igualdad de condiciones para acceder a un cargo de magistrado”.

La idea es poner en “igualdad de condiciones” a quienes rindan por un cargo, ya sea que trabajen en el Poder Judicial o realicen su tarea en forma independiente.

Sobre este punto el subsecretario de Justicia explicó que en la actualidad tienen más ventajas para acceder al cargo quienes forman parte del Poder Judicial. “Los empleados pueden pedir licencia por estudio, se los beca con la mitad a los que realicen maestrías o doctorados”, explicó D’Agostino, entre otros beneficios que reciben a diferencia de los que realizan su tarea en forma independiente.

Los números oficiales indican que el 95% de las ternas que envía el Consejo de la Magistratura son de empleados del Poder Judicial.

Es por eso que el proyecto está casi listo para ser enviado a la casa de las leyes y apuntará a modificar las tabulaciones con que se califica a los aspirantes otorgando mayor preponderancia a los antecedentes laborales que a los académicos.

Esta iniciativa también fue recibida con beneplácito por el Colegio de Abogados, ya que aseguran que el “abogado de la calle” es el que tiene más contacto con la gente.