Esta forma de juzgar está prevista en la Constitución Nacional de 1853, pero nunca fue implementada, salvo algunos casos excepcionales en determinadas provincias argentinas.

Quienes son partidarios de establecer los Juicios a cargo de los ciudadanos comunes, señalan que la importancia de este tipo de tribunales radica en la responsabilidad que adquieren todos a la hora de participar de una situación tan trascendental para la salud republicana.

Sobre estas cuestiones, se explayaron ayer los doctores Martín Javier Pizzolo, Jorge A. Roldán y Martín Marcelli, quienes abordaron el tema desde la perspectiva del presidente del Tribunal, del Fiscal y de la Defensa, respectivamente.

La charla debate tuvo lugar en el Aula Magna del Centro Regional Universitario, ante un público compuesto en su mayoría por abogados, funcionarios policiales y muy pocos estudiantes de Abogacía, carrera que se cursa allí.

La intención de los disertantes y de la Dirección de Educación de la municipalidad, encabezada por Patricia Ponsernau, tuvo que ver con difundir los alcances de la Ley de Juicios por Jurados.

Hasta ahora, esto se venía dando en las provincias de Córdoba y Neuquén, con algunos matices diferentes entre sí. Participan los ciudadanos que no sean abogados, que no sean parte de la administración pública desde el cargo de directores de área en municipalidades, para arriba o si han cometido un hecho doloso.

Hace poco tiempo se realizó un sorteo coordinado por el Ministerio de Justicia de la provincia, mediante Lotería Nacional y ya están nominadas las personas que salieron “favorecidas” para llevar adelante el cumplimiento de esta carga pública, a las cuales se les ha notificado en forma oficial. Puntualmente, son quienes tienen los números 983 y 461 como terminación de su DNI.

La característica de carga pública implica que es una obligación ciudadana cumplir con ella, más allá de que quiera o no el seleccionado. Si la persona está trabajando como empleada, no se le podrá hacer ningún tipo de descuento por su ausencia el día que le toque ejercer como jurado. Si en cambio trabaja por cuenta propia o está desempleado, está previsto que se le pague dos “ius” diarios por cada día que tenga que comparecer.

Otro de los aspectos destacados que permite la aplicación del Juicio por Jurados, tiene que ver con lograr un mayor acercamiento y entendimiento de la aplicación de Justicia, a partir de la participación soberana del pueblo.

Entre otras cuestiones, cambian los papeles del Juez, quien no podrá hacer preguntas durante el debate, cosa que quedará habilitada solo para el Fiscal y el Defensor. Esto hará visible la necesidad de que haya profesionales mejor preparados para enfrentar el rol que les competa, con más eficacia.Se requerirán (y tendrá su peso) abogados con buena oratoria y fiscales que sepan preguntar.

La actitud del juez será notoriamente diferente a la actual y circunscripta a impartir las instrucciones al principio y al final del debate, “pero deberá mantenerse totalmente callado ante la prueba que se vaya evidenciando”, según especificó el Fiscal Martín Pizzolo, en la apertura de la charla.

Antes de las exposiciones de los otros dos profesionales del Derecho, se proyectó un video que registraba la dramatización de un Juicio por Jurados, llevado a cabo en Olavarría, dos años antes de la sanción de la Ley.

La charla se realizó en clave de preguntas y respuestas, cosa que se produjo desde el inicio, dada la gran cantidad de inquietudes que genera el tema.

Las libertades, los prejuicios, los preconceptos, la moral, son elementos de disputa en quienes tengan que cumplir con la carga pública de ser jurados. En rigor, en todos los ciudadanos que estén en condiciones de ser parte en algún momento. De eso se trató la charla debate que se desarrolló ayer en el CRUB y cuya incumbencia compete a todos.