Por Jorge OviedoEl primer dato notable es que el Gobierno no tiene un plan explícitamente antiinflacionario, que reduzca la inflación moderando los efectos adversos
Parte de la política del Gobierno impulsará la inflación. Si el Banco Central continúa emitiendo con una tasa de aumento del 30% de la cantidad de billetes por año, el resultado es favorable al incremento de los precios. También el cierre de las importaciones. Si la capacidad de producción está en el límite, la demanda no se reduce y no aumenta la oferta de bienes de consumo por mayor producción local o incremento de las importaciones, los precios seguirán subiendo.
Pero la Presidenta también está tomando medidas recesivas que tenderán a moderar el incremento de los precios. Lo más obvio son los techos a las mejoras salariales y los incrementos de las facturas de los servicios públicos, el mayor costo del viaje en subterráneo y los inminentes encarecimientos de los viajes en colectivo por la reducción de los subsidios del Estado nacional.
Las fortísimas restricciones a las importaciones también reducirán el nivel de actividad en ramas industriales que tienen gran cantidad de insumos extranjeros. Y también compromete la misma existencia de comercios dedicados a vender productos de fuera del país, lo que generará influjos recesivos. Si no entran productos terminados, se protege a los productores locales, que así pueden cobrar más. Pero si no entran insumos, los productores locales no pueden trabajar. Y oros factores pueden influir: una menor cosecha gruesa generará menores ingresos para el sector privado y también para el Estado.
En todo caso, si la inflación cede, será por las malas razones, por el influjo de un ajuste fiscal y de una menor actividad por la sequía y la menor demanda extranjera. Algo parecido a lo que ocurrió en el difícil y recesivo 2009.



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