La causa penal en la que se investiga una estafa millonaria al Estado bonaerense, protagonizada por funcionarios del IOMA con complicidad de farmacéuticos  y visitadores médicos platenses al suministrar  medicamentos oncológicos de altísimo costo a afiliados fallecidos, se ventilará en un juicio oral y público, con once imputados acusados de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.

La resolución de la elevación a juicio fue pedida por el titular de la UFI n° 8 de Delitos Complejos, Jorge Paolini, y avalado por el juez subrogante del Juzgado de Garantías n°2, Juan Pablo Masi, quien reemplaza al cuestionado magistrado César Melazo, apartado preventivamente de su cargo en el marco del jury en su contra.

Entre los once imputados se encuentra el médico oncólogo Guillermo Hernández Plata, alias Willy, que es el mismo que, en los años 80, se hizo tristemente célebre con el escándalo de la crotoxina, una droga elaborada en base al veneno de la serpiente cascabel que supuestamente tenía propiedades beneficiosas para el tratamiento del cáncer. Y terminó siendo un gran fiasco.

Las irregularidades salieron a la luz luego de una publicación exclusiva del diario Hoy el 6 de diciembre de 2011, cuando se dieron detalles de los negociados, los que habrían comenzado en 2007.

Es que desde el sindicato único de profesionales y trabajadores del IOMA (Supttioma),  su presidente, Idelmar Raúl Seillant, se presentó en la Justicia penal para denunciar una red clandestina para la venta de medicamentos de alto costo (especialmente oncológicos), involucrando a funcionarios de la obra social que en aquel entonces habrían utilizado datos de afiliados fallecidos o dados de baja por distintos motivos. 

Como resultado de la investigación fueron procesados  dos funcionarios de la obra social, el subdirector de Farmacia y Bioquímica, Marcelo Piergiácomi, quien fue candidato a presidente del club Estudiantes de La Plata, y el titular de Auditoría y Fiscalización Farmacéutica, Sergio Massaccesi, quienes terminaron presos junto con un grupo de médicos y farmacéuticos.

Sin embargo, en junio de 2014, tras estar detenidos un mes, Piergiácomi y Massaccesi fueron excarcelados y esperan el juicio oral en libertad por una polémica decisión de Melazo.

En su requerimiento, el fiscal Paolini aseveró en su momento que la maniobra ilegal en el IOMA se ejecutó con la complicidad de farmacias, droguerías y visitadores médicos, y sindicó a Piergiácomi y a Massaccesi en 84 maniobras ilícitas.

El funcionario judicial consideró a los acusados “organizadores de una asociación ilícita destinada a defraudar al erario público” con remedios oncológicos. Estos delitos prevén una pena de hasta diez años de prisión.

Cuando la corrupción mata

En los presuntos hechos que vaciaron de fondos a la obra social y perjudicaron a miles de pacientes oncológicos, que no pudieron recibir asistencia debido a las maniobras corruptas, se encuentran, además de Hernández  Plata, Piergiácomi y Massaccesi, el empresario Leonardo Paci, el visitador médico Gustavo Ricetti, varios farmacéuticos de la región y los empleados Marcelo Paoletti y María Fabiana Manfredotti.

Cabe destacar que el fiscal Paolini solicitó el dictado de sobreseimiento de Víctor Shama y Natalia Cartasegna, al considerar que no hay elementos para inculparlos. Las distintas medidas de prueba, entre ellas escuchas telefónicas, nunca acreditaron la complicidad de ambos en los hechos delictivos.

Abogados apelarían la resolución

Los abogados Alfredo Gascon y Miguel Ángel Molina, defensores de los farmacéuticos Guillermo y Andrea Heintz , y Luis Barreiro y Marcela González, cuatro de los once imputados en la causa por corrupción en el IOMA con los medicamentos oncológicos durante el periodo 2007-2011,  analizan apelar la elevación a juicio (ver nota principal).

En caso de que se concrete la apelación mencionada, el inicio del juicio oral se postergará, y de acuerdo a voceros judiciales consultados por Hoy, los imputados recién serían subidos al banquillo el año próximo.

Los tiempos en el proceso penal, ante la presentación de distintos artilugios admitidos en el Código Penal bonaerense, indican que aunque la denuncia fue radicada en diciembre de 2011, recién podrá expedirse la Justicia casi siete años más tarde.

 

Esta es una de las razones por las que desde el Ejecutivo bonaerense avanzan en la propuesta de una reforma en la norma.