Las madres que firmaron el amparo colectivo en representación de familiares de niños y jóvenes con discapacidad junto al doctor Federico Cerrudo, quien los representa, fueron convocados el pasado 25 de julio a una reunión por el director del IOMA Mar del Plata, Marcelo Lacedonia.

En la reunión se encontraban presentes, entre otras autoridades, el director de Programas Específicos, Alejandro Baldassarre, y el defensor Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, quien manifestó estar dispuesto a colaborar sin perjuicio de las acciones judiciales emprendidas.

Aunque durante la reunión se hablaron de distintos temas, en concreto no se logró ningún tipo de avance. Según expresaron a REALPOLITIK las madres, las autoridades continúan justificando las demoras diciendo que todo el que trabaja en el estado sabe que históricamente paga mal: “No creemos que sea correcto naturalizar la falencia de la obra social más grande de la provincia, que se sostiene con el aporte de 2.400.000 afiliados”, aseguraron en ese sentido.

Al unísono, las mamás depositaron su esperanza en el proceso de modernización del estado que, con el nuevo sistema informático, garantizaría la agilidad de los pagos y descentralizaría las autorizaciones.

Además, se refirieron a la judicialización del IOMA e insistieron en que por vía de acción de amparo individual los trámites de los afiliados se demoran más que por la vía normal. Afirmaron que los prestadores de salud no trabajan si no media un amparo porque les interesa pedir un monto mayor en sus honorarios de lo que estipula el nomenclador de IOMA. En ese marco, aseguraron que “lo que ocurre es que el valor que paga no está de acuerdo al valor nación que es de 475 pesos, en el caso de las prestaciones de apoyo”.

Por su parte, Baldassarre, titular del sector encargado de auditar los presupuestos presentados, expuso que la autorización emitida por un plazo menor al indicado en la orden médica responde a que el afiliado con discapacidad “puede evolucionar”, resultando a su entender justificado reducir el período que indica el médico tratante. Claramente, esto complica más a los padres que cada seis meses tienen que renovar el trámite para renovar terapias o insumos y entran en la vorágine de una burocracia que deja desprotegido a los más vulnerables.

En relación a la prestación que brindan al afiliado con discapacidad los transportistas, el conflicto se encuentra según ellos en que los valores que presupuestan resultan ser mayores a los del valor del nomenclador de nación. Los transportistas se rigen por el nomenclador del ministerio de Salud, que es de 16,47 el kilómetro, a pesar de los grandes aumentos en las naftas y el desgaste normal de un vehículo en la calle. Se les paga esa ínfima cifra con una demora de un año. El atraso hace más grande la diferencia. Es esta la razón por la que ningún transportista quiere trabajar por IOMA: no se pueden sostener.

El director de Programas Específicos negó en la reunión que existen retrasos en los pagos a los profesionales y en las autorizaciones de prestaciones e insumos. También dijo que por trámite común las autorizaciones y los pagos se realizan más rápido que cuando se presenta un amparo.

Este medio pudo registrar muchos ejemplos que contrarían las versiones de Baldassarre.

1.- Daniela Pose lucha por su hijo Ian de seis años, quien tiene espina bífida. Esto lleva a no tener fuerza en sus miembros inferiores, por lo que requiere de ortopedia para no atrofiarse. Tiene la cadera subluxada y los pies se le están atrofiando por no tener las prótesis. Inició el trámite de las valvas y resiprocador para iniciar la marcha en diciembre del 2016, y aún no las tiene. Su hijo usa zondas vesivales que antes daban por seis meses y ahora, al renovar el trámite, se lo dieron por tres meses. Tampoco tiene transporte, por lo que no puede ir a las terapias.

2.- Yahir Longo es un adolescente de Batán con parálisis cerebral. Hace dos meses que no va a la escuela ni a las terapias porque se quedó sin transporte. Esto provoca un grave retroceso de las habilidades logradas con tanto esfuerzo y atrofia en sus miembros.

3.- Fabiola Valdebenito es una mamá sostén de familia que tiene un amparo. No autorizan el transporte para su hijo. Ellos viven en Batán. No puede ir a las terapias y corre peligro que le suspendan el servicio de internación domiciliaria por demora en los pagos. Esto le acarrearía un gran problema a la mamá porque no podría ir a trabajar ya que tendría que cuidar de su hijo. Tiene pedido una silla motorizada y un elevador hidráulico por trámite común, sin amparo. Pasa el tiempo y no llega la autorización.

4.- Cynthia lucha por su hijo León, tiene una enfermedad terminal llamada Tay-Sachs. IOMA no le da el equipamiento que necesita, silla postural, valvas chaleco coderas, guantes.  Le informaron a la familia por carta documento que hasta el 4 de agosto tiene servicio de internación domiciliara por falta de pago. Tiene una medida cautelar.

5.- Emanuel Zapata es un niño de diez años de Pinamar con hidrocefalia congénita. Su médico de cabecera solicitó una silla de autopropulsión ultraliviana para traslado y valvas cortas a 90 grados. Este pedido fue cargado el 22 de marzo de este año. La silla llegó la semana pasada pero no es la pedida por el médico, difieren las características. Las valvas llegaron hoy después de varios reclamos.

Hay prestadores a los que esta semana le pagaron trece trámites atrasados del año 2016, pedidos por trámite común. La demora en los pagos generalmente va de seis meses a un año.

Durante reunión inicialmente mencionada, a las madres se les propuso ser intermediarias de los 2.400.000 afiliados con que el IOMA cuenta en la provincia de Buenos Aires por medio del correo de amparo colectivo, donde recepcionan adhesiones y denuncias hace meses, comprometiéndose a revisar cada situación en particular.

“Las denuncias que recibimos en amparocolectivo2018@gmail.com serán reenviadas a la presidencia del IOMA y acompañadas al expediente judicial solicitándose en cada caso la inmediata intervención de la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires”, expresó una de las mamás a REALPOLITIK.

Las actuaciones se encuentran radicadas en el Tribunal Criminal N° 2 de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Néstor Conti y Alexis Simaz.

“Estamos esperanzados que los señores jueces que intervienen en esta acción colectiva generen un cambio profundo en el derecho de las personas con discapacidad de toda la provincia a fin de que mejore la calidad de vida de los afiliados. Ya que de dictarse una sentencia favorable anhelamos que sus efectos alcancen a todos los afiliados de la provincia de Buenos Aires”, concluyeron.