La resolución judicial fue notificada a las autoridades porteñas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que en 2006 interpuso una acción de amparo a fin de que el Poder Judicial ordenara al GCBA remediar la falta de vacantes en el nivel inicial que dejaba afuera a más de 6000 niñas y niños de la Ciudad.

Según informó la organización en un comunicado, “en 2011 el GCBA reconoció la legitimidad del reclamo y asumió obligaciones y compromisos concretos a fin de dar una solución definitiva al problema. Entre estos compromisos estaba el de realizar 24 obras y presentar un plan de obras adicional”.

En este sentido, agregó que “a tres años de asumido el compromiso” el Gobierno porteño “permanece sin cumplir”. “Según ha reconocido el mismo Gobierno de la Ciudad en el marco de la causa, solamente ha realizado 15 de las 24 obras pactadas y ha omitido presentar un plan de obras adicional tendiente a resolver de manera definitiva la problemática. Asimismo las fallas del sistema de inscripción online impiden conocer hoy con verosimilitud la cantidad de niños y niñas entre 45 días y 5 años a los cuales se les niega el derecho a la educación”, añade ACIJ.

La orden del juez Mántaras se enmarca en lo establecido en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires que específicamente prevé que “(c)uando el incumplimiento del mandato sea imputable a una autoridad administrativa, el tribunal puede disponer que las sanciones se hagan efectivas en la persona del funcionario responsable de máximo nivel de conducción del organismo que ha incurrido en incumplimiento”.