Toledo explicó en conferencia de prensa que “la orden de desalojo es la misma que está firme desde hace más de un año, lo que nos preocupa es que pasó a manos de la Policía Metropolitana”.

“No queremos llegar a una instancia en que la Metropolitana entre violentamente porque no estamos preparados para enfrentar a una fuerza pública y queremos dialogar”, agregó.

Los trabajadores proponen “llegar a un acuerdo para poner fin a todo esto y lograr un contrato de alquiler por un tiempo razonable para conseguir el dinero y un nuevo inmueble”, explicó Toledo.

“Pudimos mantener nuestros puestos laborales y sacar la empresa adelante porque mientras que en enero venían entre 3800 y 4000 personas por mes, ahora vienen entre 8500 y 9000, es decir, sostenemos los ingresos de 40 familias con el trabajo cooperativo”, sostuvo Toledo.

La legisladora porteña por el Frente Progresista y Popular, María Elena Naddeo, aseguró que “nos ha sorprendido esta orden judicial” y consideró que la cooperativa Alé Alé “es un ejemplo de lucha, de organización social, de salir adelante en medio de la adversidad”.

“Pensamos que la Justicia había interpretado que esta es una cooperativa de trabajadores que está sosteniendo una actividad productiva, una fuente de trabajo de una empresa que quebró de manera fraudulenta, hecho que está presentado en una denuncia penal, por lo que la Justicia por lo menos debería esperar a que concluya esta investigación”, agregó.

“La Justicia piensa que la Policía Metropolitana, que está formada por (el jefe de gobierno porteño Mauricio) Macri con otro criterio represivo, va a ser más funcional a los intereses del desalojo, esta acción del juez nos alarma e indigna profundamente”.

Por su parte, Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular) aseguró que “hay un proyecto desde los distintos bloques de la oposición para lograr una ley que garantice la ocupación temporaria y permita una salida a este conflicto”.

“Lo que sucede es que el PRO está en contra de ese proyecto y de todos los proyectos que tienen que ver con la expropiación de fábricas recuperadas”, precisó.

“Pedimos que la Justicia contribuya a darle una salida a esto, que no sea un desalojo violento abortando una experiencia que debe defenderse y promoverse, como es el rescate de las fuentes laborales a partir del compromiso de trabajadores y trabajadoras”, consideró Ibarra.

Los trabajadores de Alé-Alé conformaron esta empresa social luego de que el grupo OJA, dueño de una cadena conformada por Los Chanchitos, Mangiatta, Don Battaglia y La Soleada, intentaran a fines del año pasado cerrar los restaurantes por presentar quiebra.

La misma actitud tomaron los empleados de los otros restaurantes, pero en Alé-Alé la situación se complicó debido a que los dueños de la propiedad dijeron no ser los mismos que los del fondo de comercio, situación que los trabajadores ponen en duda.

El 21 de mayo una orden judicial pretendió avanzar sobre el restaurante y desalojar, sin éxito, a los trabajadores y días después un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley para expropiar el edificio y el mobiliario, pero la norma no avanzó.

De la conferencia de prensa, participaron también los diputados porteños Juan Carlos Junio y Pablo Ferreyra, y el legislador nacional Juan Cruz Campagnolli