Con matices puntuales en cada caso, los dos grandes bloques de intendentes opositores al Gobierno provincial (UCR por un lado, y Frente Cívico-PRO por el otro) irán en los próximos días al Centro Cívico abiertos a discutir en la mesa Provincia-Municipios la amplia “descentralización” de servicios y recursos que anunció el gobernador Juan Schiaretti, aunque plantearán reservas y exigencias previas.

La primera gran coincidencia entre ambos sectores es que fijan como requisito para cualquier avance, que el Gobierno asegure el envío de recursos, en lo posible en forma automática junto con la coparticipación, y sin discrecionalidad política.

Este criterio apunta a varios fondos específicos que quiere crear la Provincia, para “federalizar” el manejo, por ejemplo, de obras públicas y el arreglo y mantenimiento de comisarías.

Los dos grandes grupos de intendentes opositores también comparten opinión respecto a que no resignan el pedido original a la Provincia para que les distribuya la parte correspondiente del 15 por ciento de coparticipación que recuperó de la Nación.

Serían unos 1.500 millones de pesos al año, que el Gobierno les compensaría por la vía de los fondos ya mencionados, pero que –ya aclaró– no está dispuesto a transferir en forma directa a los intendentes.

En la UCR, timoneada por Ramón Mestre, prima la idea de aceptar la propuesta de Schiaretti, bajo el convencimiento de que una disputa legal por los 1.500 millones de pesos sería estéril y llevaría mucho tiempo, sin garantías de éxito.

Los intendentes del FC-PRO están más dispuestos a dar la pelea a fondo, pero admiten que si ese reclamo no es encabezado por el propio intendente de la Capital, que engloba al 40 por ciento de la población, no tendría peso político.

“Mestre no está interesado en pelearse con Schiaretti, y nos termina achicando a todos el margen de negociación”, dijo a este diario uno de esos in­tendentes.

Más compleja es la discusión sobre la transferencia a las jurisdicciones locales del servicio alimentario-educativo Paicor.

Los intendentes del grupo macrista-juecista están abiertos a discutir el tema, porque consideran que, si se dan ciertas garantías, el servicio podría mejorarse.

“Queremos administrar, ­pero no terminar financiando nosotros el Paicor. Cuando esté asegurada la plata y las condiciones, después nos hacemos cargo”, señaló el jesusmariense Gabriel Frizza, presidente de la Comupro.

“De ninguna manera nos negamos al traspaso, pero queremos precisiones, porque hasta ahora sólo conocemos los lineamientos generales”, agregó su par Oscar Tamis, de Oliva.

En el caso de la UCR, las ­opiniones están más divididas. El Comité Provincia salió en público a pedirle a la Provincia que mantenga el Paicor bajo su jurisdicción y que no lo delegue a los municipios.

En esto se mostró en sintonía con la reacción primaria de Eduardo Angeloz, el exgobernador radical que creó ese programa en los ‘80 y denunció que el actual gobierno quería “matar” al Paicor.

Unos no, otros sí

Por otra parte, el propio Mestre, antes de viajar a China ya le anticipó a Schiaretti que en su caso no está dispuesto a que la Capital se haga cargo de esa prestación.

En cambio, sí aceptarían tomar esa responsabilidad los intendentes radicales de municipios de menor escala, lo cual coincidiría, en principio, con las precisiones que salió a brindar en las últimas hora la Provincia.

Entre otras cosas, el oficialismo deslizó que los cambios afectarán sólo al Paicor que se desarrolla con cocineras y estructura propia, y no en aquellos lugares donde las raciones son provistas por empresas. Esa dualidad de sistemas se corresponde, a trazos gruesos, con lo que ocurre en ciudades chicas y medianas, y las más grandes, respectivamente.

Los temas en discusión 

Menú variado. La descentralización que impulsa la Provincia incluye en primer término la administración local (en lo que refiere a las compras) del Paicor, pero también fondos específicos para infraestructura (agua, cloacas, gas), para mantenimiento de comisarías y móviles policiales, un replanteo del Fofindes, y también otro fondo para obras. Son unos 1.500 millones de pesos al año, equivalentes a lo que les tocaría a municipios por el reciente recupero de un 15 por ciento de coparticipación nacional que logró la Provincia.

Garantía. Los intendentes pretenden que el envío de ­dinero sea automático, junto con la coparticipación, y que eso quede estipulado mediante ley, para no dejar ningún margen para la discrecionalidad política.

Espinas y rosas. Los municipios tienen por igual antecedentes que les permiten confiar o dudar de la Provincia. 

Si la referencia es el funcionamiento del ya existente Fodemec (mantenimiento de establecimientos escolares), hay conformidad plena porque en ese caso los recursos llegan en tiempo y forma. 

Sin embargo, no sucede lo mismo, por ejemplo, con el fondo de Niñez y Ancianidad, donde todavía reportan la existencia de deudas de los años 2014 y 2015.

Sin margen. Varios intenden­tes consultados por este diario levantaron la guardia al hablar del financiamiento del Paicor y el riesgo que implica permitir desacuerdos en ese rubro. “Tiene que quedar todo absolutamente claro, porque estamos hablando de la comida de los chicos. Si la Provincia demora el envío de fondos, a la cara la tenemos que poner nosotros y cubrir el bache con fondos de la caja propia municipal. No podemos correr ese riesgo”, razonaron varios de ellos.