SALTA.- Se trata del caso Estadio Martearena. Desde la Secretaría de Actuación de Corte dicen que ese tribunal resolvió un planteo defensivo el 4 de junio pasado, sin embargo, en el juzgado de Transición 3, afirman que la causa nunca regresó.

A cuatro meses de poner en evidencia a la Corte de Justicia de Salta por "las demoras injustificadas” en una causa penal seguida contra Juan Carlos Romero, El Intransigente pudo verificar que todo sigue igual en la mesa de entrada del alto tribunal, pues desde hace tres meses hasta el viernes pasado nadie sabía dónde estaba la causa "Estadio Martearena”, cuyo imputado principal es el vocero del ex gobernador.

La semana pasada, El Intransigente comprobó que la práctica de esconder o desconocer el destino de las causas más trascendentes sigue vigente en la Corte, sin que por ello el presidente del alto tribunal, Guillermo Posadas, se haya puesto colorado por el descontrol reinante en su propio piso.

Al indagar por el expediente Nº4953/06 caratulado Castillo Julio (f), Ibire, Juan Carlos; Rotondo, Delia; Martos, Antonio y Palopolis, Fernando Javier por los delitos de "peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público”, la Secretaría de Actuación de Corte informó que dicha causa había sido resuelta por la Corte el 4 de junio pasado y que el expediente debía estar en el Juzgado de Instrucción en Transición 3, a cargo del juez, Federico Diez.

Nuestro medio puso en la lupa este modus operandi y siguió el curso del expediente, y con sorpresa descubrimos que en dicho juzgado, nadie sabía de la causa en cuestión. No fue sino hasta que la fiscalía penal 7 planteó un pedido de "effectum videndi” que la Corte se percató de que el expediente, en realidad, había salido de su mesa de entrada en calidad de préstamo a manos de la abogada, Blanca Chacon Door. Hasta el 5 de septiembre, la letrada no había devuelto el expediente.

Los cruces entre el juzgado y la Corte pone en evidencias las graves falencias que se suceden en el alto tribunal, pues desde hace más de tres meses el expediente en cuestión todavía no fue devuelto por la defensora del principal acusado.

De no haber sido por la intervención de la fiscalía penal, la maniobra, consistente en hacer desaparecer la causa para evitar que Palópolis, el vocero de Romero, vaya a juicio oral y público, habría seguido en curso.

Llama la atención que la Corte presidida por Guillermo Posadas, -sindicado por los pasillos como Romerista de pura cepa- nunca le haya informado al juzgado, y mucho menos a la fiscalía, que el 4 de junio resolvió denegarles a los acusados un recurso de queja planteado por su defensa. Y mucho más grave aún es que el alto tribunal tampoco haya informado al juzgado que el 9 de junio, o sea cinco días después de dictar resolución en el caso, decidió "prestarle” el expediente a la abogada Chacon Door, quien, según los registros, se llevó la causa para que duerma  el "sueño de los justos” en su escritorio. Ya podríamos bautizar al despacho de Posadas, con ese nombre recurrente "el sueño de los justos”.

¿Casualidad o causalidad?

Dicen que la casualidad se basa en un accidente, mientras que la causalidad es premeditada y siempre tiene por delante un efecto deseado. Llama la atención que en los dos casos de expedientes traspapelados se tratan de causas ligadas directa o indirectamente al ex gobernador Juan Carlos Romero.

En el primer caso, puesto en evidencia por este medio en abril pasado, la causa que estaba extraviada o nadie sabía dónde estaba era nada menos que la de La Ciénaga, razón por la cual la citación a indagatoria de Romero no podía ser cursada, sobre todo después de que se resolviera que el ex gobernador debía ser sometido a este acto procesal reservado para los imputados.

En aquella ocasión, y ante la denuncia de El Intransigente y un pedido expreso de la ex fiscal penal, María Inés Loyola, Guillermo Posadas salió rápidamente a buscar dicho expediente y ordenó su remisión al juzgado de transición 4, no sin antes lavar su cara con un sumario a los dos encargados de la Secretaría de Actuación de Corte, Gerardo Sosa y Mónica Vasile de Alonso, ésta última consorte del operador Romerista, Ricardo Alonso.

La semana pasada, El Intransigente volvió a pillar a Guillermo Posadas en otro paso en falso con causas consideradas trascendentes y de importancia pública, aunque por ahora se desconoce quién será sumariado por el juez, quien lejos está de los discursos que suele dar en honor a la magistratura que ostenta.

Pero para que la memoria no falle, y porque la verdad debe contarse entera siempre, aquí reproducimos algunas de sus palabras ofrecidas ante un salón lleno de jueces del todo el país congregados para hablar nada menos que de Ética Judicial.

"Es posible observar también, que esa crítica social no se detiene en la insuficiencia de los resultados de la labor judicial o en el déficit de sus estructuras (de medios materiales y de personal), que –cabe decirlo una vez más- condiciona notoriamente la posibilidad de atender las causas sometidas a su decisión con concreta aplicación de los principios de celeridad, inmediación y eficacia, sino que es dirigida también a poner en duda la misma capacidad o probidad de los operadores judiciales (sobre todo a partir de algunos casos emblemáticos ampliamente ventilados por la prensa nacional y local); ello sucede, en mi personal criterio, más por la falta de comprensión y de acceso a la información que contiene todo trámite personal, que por la conducta singular de magistrados o funcionarios.”, sic del discurso de bienvenida de Posadas ofrecido el 7 de marzo de 2004 en Salta.

Al repasar sus palabras tómese en cuenta la mención realizada en torno a cuestiones como celeridad de los operadores judiciales, situación que a su criterio no es entendida por una falta de comprensión. O sea que las "demoras injustificadas y sospechosas” de expedientes o los cruces entre su Corte y los juzgados cuando las causas desaparecen, se deben a que nadie lo comprende.

Sin dudas, el descontrol que las fuentes consultadas por nuestro medio sería propiciado por Guillermo Posadas en el máximo tribunal no es un chiste, sino un hecho de suma gravedad. Tampoco es casualidad, pues nadie puede creer que justamente dos causas tan importantes pasen por la misma suerte y el mismo destino.

Frenar el juicio

Lo que se desprende de lo sucedido con la causa abierta por los hechos de corrupción registrados en el manejo del Estadio Martearena, no hace más que confirmar la intención de los acusados de evitar el juicio a toda costa, incluso se sospecha que haciendo desaparecer el expedientes si fuera necesario.

Cabe recordar que en esta causa, en febrero de 2013, la Sala II del Tribunal de Impugnación, confirmó el procesamiento penal de Fernando Palópolis por delitos en perjuicio de la administración pública. De los ex funcionarios de Romero, su vocero fue el  primero en ser procesado, situación procesal impuesta por el juez penal 6, José María Alvarado Solá a mediados del año 2010. Ya lleva cuatros años evitando el juicio oral, con la ayuda de estos  problemillas de papeles de Guillermo Posadas-

La confirmación del procesamiento de Palópolis fue ratificado la Sala II del Tribunal de Impugnación, a cargo de los jueces Enrique Granata y Edgardo Albarracín, quienes dejaron al periodista a un paso del juicio oral y público, instancia en que el vocero podría ser pasible de una condena de hasta 10 años de prisión efectiva.

Junto a Palópolis fueron procesados Antonio Enrique Martos y Juan Carlos Ibire. Estos tres ex funcionarios del ahora senador Juan Carlos Romero y actual candidato a gobernador por el espacio de Sergio Massa, estaban a cargo del manejo de la Sociedad del Estadio Siglo XXI, entidad que gerenciaba el estadio Padre Ernesto Martearena.

En el fallo de la Sala II, los jueces rechazaron el argumento defensivo de que los acusados no pudieron defenderse en el proceso penal, puesto que en realidad los acusados se negaron a ser indagados. Asimismo, agregaron que del análisis de la causa se advirtió de manera contundente la conducta delictiva de los acusados. Entre ellos, se mencionan ingresos registrados sin comprobantes respaldatorios, facturas mal confeccionadas, del tipo X que no son válidas para el asiento contable; también revelaron que en el Libro Diario se advierten registros financieros sin fecha ni detalle y mucho menos documentación contable exigida.

Frente a este panorama, la abogada Chacon Door volvió a apelar la decisión del tribunal, planteo que fue rechazado sin tantos preámbulos por el Tribunal de Impugnación. No obstante, la defensora insistió con un recurso de queja y logró lo que quería: que el expediente se fuera a la Corte de Justicia, donde si bien los jueces del alto tribunal rechazaron su pretensión, permitieron que la causa caiga en el olvido procesal.

 ¿Dr. Guillermo Posadas…hará justicia con los poderosos o seguirán de cerca solamente las causas de ladrones de bicicletas que diariamente publica la Corte de Justicia con sus partes de prensa?