La designación de seis postulantes para ocupar cuatro estratégicos cargos de jueces federales para la Capital Federal motivó nuevas impugnaciones de última hora, presentadas ante el Ministerio de Justicia, que debe analizar esas objeciones antes de decidir quiénes asumirán.

Uno de los candidatos impugnado es el juez de instrucción Luis Rodríguez, que mereció las mayores críticas durante el concurso, pero que pasó el filtro del Consejo de la Magistratura merced a un acuerdo político entre el kirchnerismo y Pro. También fueron cuestionados el juez de garantías Marcelo Goldberg, que ya había sido cuestionado con anterioridad, y el juez federal subrogante de Morón Juan Pablo Salas.

Las observaciones fueron realizadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige el periodista Horacio Verbitsky, cercano al Gobierno. Si bien LA NACION informó la semana última que al vencimiento del plazo para presentar impugnaciones sólo se había cuestionado la candidatura de Goldberg, según fuentes del Ministerio de Justicia el CELS, se presentó con un escrito de última hora con estos nuevos cuestionamientos.

No se presentaron objeciones sobre las postulaciones de Marcelo Martínez de Giorgi, ex secretario de cámara y juez federal subrogante en dos juzgados; Sebastián Ramos, secretario del Juzgado Federal N° 3, y Sebastián Casanello, secretario de la Cámara Federal.

El concurso 140, por el cual se designó a estos candidatos, se prolongó durante seis años, en medio de complejas negociaciones políticas. Incluso hubo impugnaciones y denuncias contra dos postulantes acusados de hacer trampa, pero finalmente esas sospechas fueron desechadas por la Justicia.

Las objeciones

El CELS le cuestionó a Salas, por ejemplo, no haber sido diligente al tramitar los hábeas corpus que presentaban los presos detenidos en la cárcel federal de Marcos Paz, que está en su jurisdicción. Objetaron que "no ha demostrado una actitud comprometida y proactiva" en estas denuncias.

Con respecto a Goldberg, el CELS reiteró que el juez demoró dos años en sobreseer al intendente de Quilmes, Gutiérrez, luego de que el fiscal había desestimado la denuncia de su rival político Sergio Villordo. Y le reprochó que por la misma denuncia, motivada por sus opositores, lo hubiera citado ante la policía para tomarle las huellas digitales, cuando se disputaban las elecciones internas del año pasado.

En el caso de Rodríguez, el CELS fue mas duro. Recomendó que no se lo designara no sólo porque fue uno de los sospechados de tener los resultados de antemano en el examen del concurso 140, sino por la manera en que investigó una sospecha de sobornos. Se trata de la causa en la que el sindicalista José Pedraza, preso por el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra, está acusado de coimear a tres jueces de la Cámara de Casación para obtener su excarcelación. El CELS señaló que, a pesar de que el fiscal Sandro Abraldes insistió para detener a los sospechosos, el juez rechazó el pedido. Denunció que demoró un año en ordenar la indagatoria de algunos de los sospechosos, que luego suspendió, por lo que dilató la causa.

En su nota dirigida al secretario de Justicia, Julián Alvarez, el organismo fue lapidario: "Estos antecedentes muestran poco interés por realizar una investigación diligente, en uno de los casos más relevantes para la justicia argentina, en el que existen fuertes sospechas de que funcionarios judiciales estaban siendo sobornados para digitar un sorteo judicial que otorgara impunidad a Pedraza"..