En el escenario a corto plazo aparecen las presentaciones ante la Justicia que realizarán los ecologistas y, al mismo tiempo, la elección de los predios donde se instalarán las plantas de recuperación de energía. Según distintas fuentes, en una primera etapa se construirán tres: una en la Capital, otra en el sur del conurbano y la restante en el corredor norte de la provincia. Todas recibirán las 18.500 toneladas que hoy la región metropolitana envía por día al relleno sanitario de José León Suárez; de ellas, la ciudad aporta 3000 (en total produce 6700 toneladas diarias).

"Los predios tienen que contar con tres requisitos: vías de acceso rápido, conexiones aptas para tránsito pesado y cercanía con nodos de distribución de energía. En dos meses se definirán las ubicaciones", afirmó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, en diálogo con LA NACION. Adelantó que uno de los sitios posibles en territorio porteño es un predio situado en avenida Roca y General Paz, en Villa Riachuelo, detrás del autódromo. Otras fuentes del oficialismo confirmaron esta alternativa.

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En el control del funcionamiento de las plantas intervendrían la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). El manejo podría ser privado; en ese caso, las licitaciones de cada uno de los módulos tendrían que ser avaladas por la Legislatura. Además, recordó Macchiavelli, los diputados deberán aprobar con mayorías especiales y doble lectura la eventual rezonificación de predios para la construcción de los establecimientos.

En un documento de uso interno de la Ceamse, difundido por ONG y cooperativas de recicladores urbanos, se especifican otros espacios propuestos para instalar plantas de incineración con recuperación de energía . Además del predio en la ciudad, de 32 hectáreas, la Ceamse analiza dos sitios en el partido de Tres de Febrero (de 11 y 13 hectáreas) y uno en General San Martín (de 47 hectáreas). "En esos lugares están dadas las condiciones para instalar las plantas. Son documentos que tienen información sobre todo el proceso. Hasta el viernes de la semana pasada estas ubicaciones eran las elegidas", sostuvo Leonel Mingo, de Greenpeace.

La iniciativa oficial para volver a incinerar basura en la Capital después de 40 años de prohibición, aunque con técnicas menos contaminantes, se ventiló a fines del año pasado. En noviembre, LA NACION alertó sobre el plan del gobierno porteño y el rechazo de las ONG ambientalistas. La necesidad de buscar alternativas para el tratamiento de los residuos surge ante el inminente colapso de los predios de la Ceamse, principalmente el de José León Suárez, con una capacidad que se agotará en cinco años.

También al fracaso de las políticas estatales para cumplir con la ley de basura cero, que, en 2005, estableció que la reducción de envío de residuos a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Ceamse durante 2004 (1,5 millones de toneladas). Ayer, la reforma aprobada modificó esas metas: el cronograma prevé la reducción del 50% para 2021, del 65% para 2025 y del 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).

Los cuestionamientos más duros llegaron desde las agrupaciones ambientalistas, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que alertaron sobre posible contaminación. "Habrá acciones judiciales para frenar la ley. Por el principio de progresión, la protección ambiental no puede ser menor, sino mayor", anticipó Andrés Nápoli, director de la FARN.

Sin embargo, Macchiavelli negó que las plantas de termovalorización liberen sustancias contaminantes, las que son neutralizadas mediante un triple proceso de filtrado dentro de las instalaciones. "De ninguna manera contaminan. Los sistemas de filtrado son lo más caro de todas las plantas", agregó. El ministro sostuvo que la técnica de recuperación de energía mediante la incineración tiene estándares de calidad elevados y que hay más de 2000 plantas funcionando en todo el mundo.

Otro eje de la polémica giró alrededor de la participación de 6000 cartoneros en la economía circular del reciclado y el temor de que se produzcan pérdidas de empleos si los residuos se redirigen a las plantas. Ese punto fue superado con la modificación de un artículo del proyecto de ley. "El fraccionamiento de residuos sólidos urbanos húmedos solo podrá ser pasible de valorización mediante técnicas de combustión con recuperación energética previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados, principalmente cartón, papel y polietileno teleftalato. Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes de todo circuito de recolección diferenciada", detalla.

Con 36 votos positivos -aportados por Vamos Juntos, GEN y Mejor Ciudad- y 22 negativos, el oficialismo logró uno de sus objetivos del año. "Con la termovalorización podemos recuperar energía para el uso domiciliario sin descuidar el trabajo de los recuperadores urbanos", sintetizó Francisco Quintana, vicepresidente de la Legislatura.