Días atrás EL CIVISMO informaba sobre una nueva comunicación solicitando que el Departamento Ejecutivo acate lo que establece la ordenanza aprobada en marzo de 2013 mediante la cual se exime del pago de los derechos de construcción a los beneficiarios del programa de créditos para la construcción Procrear.

Oficialmente, desde el Ejecutivo no se emitió aún ninguna respuesta. En esta semana se cumple el plazo fijado por los ediles en la última sesión.

"Lo que sí tenemos son testimonios de vecinos que tenían que pagar y les pidieron desde la Municipalidad que pasen el viernes (por ayer) así le entregan alguna documentación. Sin esos papeles los beneficiarios no avanzan con el crédito de Procrear. Y son papeles que se entregan si uno paga el derecho o el visado comunal. Pero todavía no se conoce qué mecanismo establecerá el Ejecutivo para cumplir con la instancia de la devolución ante cobros indebidos", explicó a EL CIVISMO el concejal César Siror, impulsor de la comunicación.

Extraoficialmente se supo de vecinos que fueron hasta las oficinas de Catastro y como respuesta los agentes municipales les pidieron que le escriban una nota al intendente Oscar Luciani solicitando la devolución del monto abonado en concepto de derecho de construcción. Además, se exige que a ese escrito adjunten documentación que acredite ser beneficiario del crédito de Procrear.

Ocurre que el problema de haber cobrado un derecho que no debían desde marzo del año pasado, genera múltiples complicaciones. Una de ellas es que hay vecinos que pagaron en Catastro sin que quede ninguna constancia de que la obra la están realizando con dinero de Procrear. También complica el hecho del cierre del ejercicio del año pasado, en cuyos casos los vecinos deberán hacer la solicitud de devolución en el Concejo Deliberante, para previamente tener el reconocimiento de la deuda.

Mientras se espera una respuesta oficial, se especula con los caminos que podría emprender la Comuna. En el Concejo creen que la Secretaría de Legal y Técnica buscaría la manera de frenar las devoluciones mientras se define qué hacer.

En igual sentido, se cree que tal vez se realice un plan de compensación por tasas para todos los que pagaron lo que no debían. Lo que se sabe es que hoy el Municipio no tiene el dinero para enfrentar una devolución inmediata y total de los derechos ya cobrados desde marzo de 2013 y cuya cifra total es una incógnita.

También se considera viable pedir al Banco Hipotecario o a ANSeS un listado completo de los beneficiarios locales, información con la que la Municipalidad no cuenta. Sin esos listados, las áreas de Catastro de la Comuna deberían revisar uno por uno todos los expedientes de obra.

"En una de las primeras sesiones del año, con voto unánime, se aprobó una comunicación solicitando al Ejecutivo información sobre la aplicación de la ordenanza. Días atrás volvimos sobre el tema. Lo interesante del caso es que antes de redactar nada fuimos a preguntar a las oficinas municipales y no estaban informados de la ordenanza de eximición. Tampoco lo sabían en Legal y Técnica, donde nos dieron a entender que se venía un problema grave", aseguró Siror.

"Queda claro que la Secretaría de Gobierno, que debe promover todo lo que se sanciona en todas las áreas de la Municipalidad, no cumplió con su tarea", dijo el presidente de la bancada del FPV-PJ.

Ante lo ocurrido, el edil no descarta varios caminos, incluido el judicial. Lo único que en semejante conflicto naciente puede resultar un paliativo para el Ejecutivo es que el Estado, ante este tipo de situaciones, no paga intereses. Es decir, tendría que devolver lo mismo que los vecinos abonaron. Ni más ni menos.