El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, envió a la Legislatura Provincial la Ley Nº V -0951 -2016 - que sustituye a la Ley Nº V -0938 – 2015 – para modificar la Ley de Ministerios.

En la nueva Ley, el Poder Ejecutivo tendrá a cargo un secretario general de la Gobernación y diez ministros secretarios de Estado en las jurisdicciones de Secretaría General de la Gobernación; Ministerio de Hacienda Pública; Ministerio de Gobierno Justicia y Culto; Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Educación; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Ciencia y Tecnología; Ministerio de Salud; Ministerio de Medio Ambiente Campo y Producción; y Ministerio de Turismo.

Funcionarán también siete Secretarías de Estado con rango y categoría de Ministerio Secretaría de Estado: Secretaría de la Mujer “Ni Una Menos”; Secretaría de Vivienda; Secretaría de Deportes; Secretaría de San Luis Logística; Secretaría de Transporte; Secretaría de Urbanismo y Parques; y la incorporación de la Secretaría de la Juventud.

Esta última, según el nuevo artículo adherido al capítulo III de la nueva Ley Nº V -0951 -2016, tendrá entre sus competencias: la creación, diseño, coordinación y ejecución de políticas públicas tendientes al desarrollo, promoción y asistencia directa e integral de la juventud; coordinación de políticas públicas del Estado provincial vinculadas a la juventud; monitoreo y diagnóstico de los sectores de la juventud que se encuentren en estado de vulnerabilidad; diseño y ejecución de políticas que favorezcan a la reinserción y la inclusión social de jóvenes en conflicto con la ley penal; apoyo y coordinación de políticas sanitarias sobre los principales problemas de salud que aquejan a la juventud.

A su vez, en los apartados, plantea la generación y ejecución de acciones que fomenten la permanencia e inclusión de los jóvenes en el sistema educativo en todos sus niveles; la implementación de políticas de inserción al deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología: la prioridad en el desarrollo de políticas públicas impulsadas por los jóvenes; el fortalecimiento y la consolidación del rol de la juventud en la problemática ambiental y en su impacto; y finalmente la promoción de la participación ciudadana de la juventud empoderando a los jóvenes como agentes de cambio social.