Se abrió con la intención de construir remolques, sistemas de riego y maquinarias agrícolas. Tenía todo el mes de julio, como último límite, para ponerse en marcha.

Es la crónica de una ejecución anunciada. Tal como se suponía que iba a pasar, el Gobierno Provincial ejecutará el crédito de promoción industrial de 60 millones de pesos que le otorgó el exgobernador Oscar Mario Jorge a la empresa Montenegro S.A. porque se le vencieron los plazos legales para poner en marcha la fábrica de implementos agrícolas que tenía proyectada a la vera de la ruta 35, frente al Parque Industrial de esta ciudad.

Esa posibilidad ya había sido anunciada por diferentes funcionarios, incluso por el propio gobernador Carlos Verna. A principios del mes de junio, la Subsecretaría de Trabajo clausuró la fábrica por violaciones a las normas de seguridad e higiene.

Cables sueltos y otros colgando, pozos y falta de baños fueron algunas de las irregularidades detectadas en una inspección. Un par de días después, la empresa levantó la clausura a partir de la presentación de un plan de contingencia.

A la hora de justificar su situación -y como una forma de abrir el paraguas ante la eventual ejecución del crédito-, el empresario Marcelo Montenegro dijo que invirtió “más dinero de lo debido” en el emprendimiento y reclamó que la Provincia “quedó muy lejos de los números” que había comprometido a través de un crédito de promoción industrial para apoyar el emprendimiento.

“No fuimos a buscar ningún dinero a La Pampa ni a hacer ninguna cosa oscura. Está todo en el expediente pertinente. Está todo en blanco. Absolutamente todo lo que se invirtió. Nosotros invertimos muchísimo más dinero de lo que deberíamos haber invertido de acuerdo a la propuesta que nos hizo, en aquel momento, el Gobierno de la Provincia”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que “pasándolo a dólares, porque en pesos quedó todo muy lejos, invertimos 10 de millones de dólares de nuestro peculio”. “La Provincia estaba comprometida a poner el 66% de la inversión y nosotros el 34% más el IVA. Digo esto del IVA porque para nosotros es un gasto porque el Estado nunca nos devolvió el IVA”, indicó. “Lejos quedó la Provincia de estos números”, reafirmó.

No arrancó

La fábrica ubicada en la ruta 35, al sur de Santa Rosa, se abrió con la intención de construir remolques, sistemas de riego y maquinarias agrícolas. Pero nunca llegó a funcionar.

El anterior gobierno difundió que Montenegro realizó el 48,24% de las inversiones previstas, con 48 millones que le otorgó la Provincia a través de un crédito de promoción industrial. Aún queda un remanente de fondos a transferir de 51,76%.

La anterior administración provincial aseguró que no desembolsó ni un peso de más y que se ajustó a lo que dice la ley. El gobernador Carlos Verna aún no tiene una decisión tomada sobre el futuro de la fábrica.

A principios de este año, el Tribunal de Cuentas hizo una presentación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que determine si los exfuncionarios del área pagaron correctamente el último certificado que percibió la empresa o hubo irregularidades. Habría que determinar si hubo daño patrimonial, aunque, como es un crédito ejecutable, la Provincia puede recuperarlo.

El empresario había pedido una ampliación de plazos de seis meses y finalmente, cuando venció, el 20 de julio del año pasado, puso en marcha la fábrica pero con una producción mínima y una dotación de operarios sensiblemente menor a lo previsto.

Desde el año pasado, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Juan Carlos Carola, encaró una investigación para determinar si hubo irregularidades y si la empresa cumple con los estándares mínimos para el otorgamiento del crédito. En ese marco, y con una gestión provincial que concluía dos meses después, el empresario blanqueó su pretensión de recibir más recursos para potenciar las posibilidades de la fábrica. Sin embargo, le dijeron que no.

El empresario Montenegro manifestó que el emprendimiento fue perjudicado por la devaluación de enero de 2014. Y que por esa razón el proyecto quedó inconcluso y solo entró en producción mínima.

La empresa -que recibió un préstamo por 48 millones de pesos- inició una producción mínima en el mes de junio del año pasado, al filo del plazo de los requisitos del crédito promocional otorgado.

El Gobierno Provincial le entregó un crédito de promoción industrial de 60 millones de pesos (40 millones inicialmente, en 2011, y una ampliación en noviembre de 2013 a 60 millones de pesos, que no se desembolsó). La promesa de Montenegro había sido que en enero de 2015 iba a iniciar la producción, pero esto no se cumplió y solicitó seis meses más de plazo para concretar su proyecto.

Una advertencia

A pocos meses de iniciada la nueva gestión provincial, el entonces presidente del Tribunal de Cuentas -hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia- dijo públicamente que el último pago a la empresa Montenegro se había hecho “evadiendo la Ley de Promoción Industrial”.

“Lo que observamos es un pago del mes de agosto del último certificado de la empresa y se dio vista a la habilitación para ver por qué ha pagado evadiendo o no haciendo caso omiso a una normativa”, denunció Sappa.

Y añadió: “Hicieron omisión a unas pautas de la Ley de Promoción Industrial o de la Promoción que había tenido Montenegro, con respecto a la verificación de la Subsecretaría de Relaciones Laborales”.

Esa situación obligó al organismo de contralor a emitir un acuerdo advirtiendo a los funcionarios, a la Contaduría General y al Ministerio de la Producción que se deben seguir los procedimientos que establece la ley. Y se dio vista a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En aquella oportunidad, Sappa también adelantó que se había solicitado a la Asesoría Letrada de Gobierno que verifique el estado del crédito y los pasos administrativos a seguir.

“Son dos los reclamos que hizo el Tribunal de Cuentas: un tema es el procedimiento que llevaron los funcionarios actuantes con la empresa para el cobro del último certificado. Este es el daño patrimonial que el Tribunal debe juzgar, pero para nosotros no habría daño patrimonial porque es un crédito ejecutable, por lo tanto recuperable por la Provincia. El otro paso es saber si caducó este crédito o no, y si comienza con la etapa de ejecución”, sostuvo.

En el expediente en cuestión se pide que se investigue la actuación de la exsubsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs, María Teresa Álvarez, la habilitada por la Contaduría General, Alicia Grimalt, y el jefe de Servicios Administrativos, Héctor Velázquez.