Ante la puerta de una nueva crisis política en Santa Rosa, determinada por el pedido de detención del intendente Sergio Salgado por varios delitos, los concejales radicales de ese departamento se reunieron con el gobernador Alfredo Cornejo y con el ministro de Gobierno Dalmiro Garay para analizar los pasos a seguir. En primer punto, aseguraron el Ejecutivo no busca la intervención del municipio.

Tras la reunión, de la que participó también el intendente capitalino Rodolfo Suárez como presidente de la UCR, el ministro descartó en primer plano que el fiscal especial Santiago Garay esté vinculado políticamente al Gobierno provincial, según denunció públicamente el intendente Salgado en su descargo a la prensa.

"El fiscal Garay asumió muchos años antes de este gobierno, decir eso es una irresponsabilidad, es un fiscal que pertenece a un poder distinto y está llevando una investigación que tiene mérito para las medidas que ha tomado", sostuvo el titular de la cartera política del ejecutivo.

Así, Garay sostuvo que "no hemos pedido la renuncia de Salgado" y explicó que junto a los concejales de la UCR de Santa Rosa "la preocupación es ver cómo están dentro de la comuna las instituciones, para que los concejales puedan tomar una decisión de acuerdo a la ley" de municipalidades. 

Desde el Ejecutivo también se aclaró que no se le deben fondos coparticipables a la municipalidad que dirige el intendente peronista. Por el contrario, destacaron que se hicieron adelantos por los problemas financieros que tenía el departamento del Este.

Así, Garay descartó que el Gobierno hubiera pedido la intervención de la comuna: "No existía motivos para eso", recalcó, pero a su lado la concejal Norma Trigo aclaró que este martes los edilles se presentarán ante el fiscal especial para interiorizarse sobre la situación procesal del intendente.

"Desde el Concejo estamos tratando este tema con la mayor cautela posible y dentro de la ley", puntualizó Trigo. 

Este martes también se presenta en el Concejo Deliberante el informe sobre las denuncias contra Salgado efectuadas por el concejal demócrata Antonio Ponce. 

Entre las variables que se analizan sobre el futuro próximo de Santa Rosa es que si Salgado es detenido, la municipalidad queda acéfala. Y si no se presenta ante la Justicia, también. A través de su abogado defensor, Salgado buscaba no ir a la cárcel, pero había trascendido que el fiscal especial rechazaría el recurso.