Tres carillas. Siete puntos. Seis párrafos a modo de "Consideración Final" le bastaron a la Secretaría de Obras y Servicios Públicas de la Municipalidad para tirar por la borda todo el trabajo de consulta acerca del Código de Ordenamiento Urbano (COU) realizado durante el año pasado por el equipo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) La Brújula, contratado por el propio Departamento Ejecutivo. Con ese escrito, desde la gestión de Oscar Luciani buscan reactivar el debate del COU en el Concejo Deliberante.

Sin embargo, las observaciones escritas son tan tajantes y, en ciertos casos, tan opuestas a las recomendaciones de La Brújula que ahora sólo se califica al documento –al que accedió EL CIVISMO- como "un apunte no definitivo".

"Es un listado de apuntes en los que trabajaron el secretario Javier Casset y el director de Tierras Carlos Patteta. Pero no son posiciones definitivas. Es algo para que los concejales comienzan a discutir, aportar y cambiar lo que consideren necesario", le dijo a este medio el intendente Luciani. "De ninguna manera es algo cerrado. De hecho, no se entiende por qué tomó estado público, pero seguramente han sido los concejales los que lo dieron a conocer", agregó el jefe comunal. 

El informe o "borrador" emanado desde la Secretaría de Casset señala que "el actual Plan Regulador en vigencia fue sancionado en el año 1978, gobierno militar, hace 37 años, y por lo tanto se encuentra muy desactualizado. Siendo necesario que la Dirección de Planeamiento del Departamento de Catastro y el Departamento de Obras Particulares de la Municipalidad cuenten con una norma más actualizada para realizar sus funciones".

"Durante las dos anteriores administraciones y la actual, es decir unos 15 años aproximadamente, el Plan Regulador fue analizado, revisado y modificado con la participación del urbanista arquitecto Alfredo Garay, un equipo interdisciplinario de técnicos universitarios y la participación del Colegio de Arquitectos, agrimensores, martilleros, cámaras empresariales, organizaciones agropecuarias, sociedades de fomento, vecinos interesados y numerosos concejales y funcionarios municipales de las áreas técnicas, que en diversas reuniones y audiencias públicas lo trataron".

"Por lo tanto –afirman-, dado el largo período de análisis y participación y la antigüedad del Plan Regulador actualmente en vigencia, es necesario actualizar las normas de planificación y de ordenamiento urbano, teniendo en cuenta que la propia norma a aprobarse prevé mecanismos de actualización o revisión, en caso de ser necesario".

Los funcionarios consideran que "el informe de La Brújula contiene algunas apreciaciones o comentarios sobre normas capitalistas o neoliberales, considerando la actual redacción del COU obsoleto y rentista, lo que parece responder a preconceptos "políticos" o "ideológicos" y no a propuestas con fundamento técnico o urbanístico. Finalmente, de no aprobarse el nuevo COU, se seguiría aplicando el Plan Regulador sancionado durante el último gobierno de facto".

Para llegar a esas conclusiones, desde el Departamento Ejecutivo dividieron las observaciones en: Desarrollo urbano y vivienda; Protección ambiental; Preservación patrimonial; Producción; Equipamientos y servicios sociales; Participación; y Usos de normas complementarias.

Lo primero que indican los funcionarios del gabinete de Oscar Luciani es que "la actual propuesta mantiene todavía un "cordón verde rural" en las principales vías de comunicación del Partido de Luján. Las observaciones realizadas por La Brújula son interesantes pero la propuesta actual del COU parece ser equilibrada en la distribución de las superficies, ya que estimativamente el 15 por ciento es destinado a uso urbano; el 15 por ciento a urbanizaciones cerradas; y el 70 por ciento al área rural. Por lo que no se verificaría la supuesta tendencia a la "conurbanización" del Partido de Luján", sostiene el informe.

"Respecto de las urbanizaciones cerradas –escribieron-, resistidas por algún sector político, cabe señalar que hace más de cinco años que no se presentan nuevas propuestas, y que el nivel de ocupación en la mayoría de los emprendimientos es escaso. La actual oferta inmobiliaria se ha modificado y tiende al desarrollo de barrios abiertos y de condominios: emprendimientos residenciales en propiedad horizontal, con servicios y amenidades, implantados en terrenos de superficie reducida, más económicos de mantener".

Además, se realizó un apunte especial por "el caso del distrito ACRE 1 Emprendimiento Rodizio". Lo definen como "bastante particular ya que se supone que su desarrollo produciría la fusión de Luján con Jáuregui. En realidad, estos campos de gran valor inmobiliario quedaron como espacios residuales donde la explotación agropecuaria está restringida y limitada por la prohibición de fumigaciones (glifosato) y ya no son utilizados para fines rurales, sino que se utilizan para fines recreativos y/o comerciales. Habría que contemplar y evaluar hasta dónde una urbanización privada con grandes espacios verdes y baja densidad de ocupación no es una manera "admisible" de conservar áreas verdes parquizadas en inmuebles rurales de gran valor patrimonial".

Otra observación expresa: "Se menciona la creación de Distritos de Urbanización Social, los cuales estarían obligados a ser dotados de servicios de acuerdo a la Ley 8.912, por lo que los terrenos privados comprendidos en estos Distritos deberían esperar una inversión del Estado para su concreción. Un Estado que hace 20 años no construye viviendas sociales en el Partido de Luján".

"La nueva Ley de Acceso al Hábitat parece el camino adecuado no solo para regularizar asentamientos existentes, sino para generar tierras urbanas orientando parte de la inversión privada a la creación de loteos destinados a viviendas sociales, mediante la aplicación del sistema de consorcios urbanísticos establecidos por esta Ley", agrega el texto de los funcionarios de Obras Públicas.

También reiteraron que "el Banco de Tierras ya fue aprobado por ordenanza 6467/2014 promulgada por decreto 1863 del año 2014". Y que "el COU permite en los distritos de mayor densidad la construcción de viviendas multifamiliares, exigiendo la instalación de biodigestores por cada parcela, debido al déficit de la actual red de agua potable y desagües cloacales".

Otro de los puntos refiere a "la eventual reubicación de la Terminal de Ómnibus" –cuestión que salió del debate participativo auspiciado por La Brújula-. Sobre esto, los funcionarios afirman: "No es un tema que imprescindiblemente debe ser legislado por el COU". En igual sentido, se refieren a los centros comerciales, quitando responsabilidad respecto de los proyectos para su ubicación: "No se ha concretado aún la radicación de ninguna de las propuestas presentadas en el Municipio y los grandes equipamientos, shoppings o centros comerciales, por un tema de accesos y de circulación necesariamente tienden a ubicarse frente a las autopistas o vías principales de circulación".

El abordaje en relación con la necesidad de trabajar en la prevención urbanística ante desbordes del río Luján también es sumamente laxo. Apenas indican que "hay que tener en cuenta un hecho fundamental e inmodificable: la Villa de Luján fue fundada hace siglos junto al curso del río Luján y parte de la planta urbana histórica se desarrolló en su valle de inundación (…) Se podría estudiar la posibilidad de sancionar una ordenanza más restrictiva y/o establecer en zonas urbanas inundables cotas de edificación, superiores a las ya establecidas".   

Uno de los puntos más polémicos del resumido informe de la Secretaría de Casset es el de Participación. Fundamentalmente, porque la actual posición se contradice con la decisión de contratar y tener en cuenta la tarea de los profesionales de la UBA y, además, de la recomendación de La Brújula –avalada en la presentación de su informe final por los funcionarios presentes- de crear, por un lado, un COU de transición y, en paralelo, una comisión asesora multisectorial que inicie la elaboración de un plan estratégico. Lejos de esa postura, en el escrito que blandea el oficialismo en el Concejo Deliberante se indica que "la participación ciudadana está representada por los concejales, que son los legisladores municipales, elegidos por el pueblo, de acuerdo a la Constitución en vigencia".

A contramano de este escrito, en septiembre pasado, en la oficialización del acuerdo del Ejecutivo con La Brújula, públicamente el intendente Luciani decía: "Es muy necesaria la tarea porque una de las prioridades que tenemos es contar con un COU. El trabajo de abrirlo a la comunidad es muy bienvenido para que puedan existir opiniones que influyan en las decisiones".