Un fiscal quiere saber a quién llamaron Gandur, Sbdar, Goane, Estofán y Posse

Un fiscal quiere saber a quién llamaron Gandur, Sbdar, Goane, Estofán y Posse

El fiscal Navarro Dávila exigió a un funcionario judicial los números telefónicos de los vocales de la Corte. Este hecho sin precedentes caldeó los ánimos en Tribunales. A ello se suman las críticas al fiscal de Cámara que se opuso a la elevación a juicio de la causa “Brito”

El oficio dirigido al ingeniero Oscar David Talevi, funcionario a cargo de la central telefónica del Palacio de Justicia, llegó justo cuando cuatro de los cinco vocales de la Corte Suprema de Tucumán estaban en Santa Fe, a donde habían viajado para entrevistarse con Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El jueves, Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar, René Goane, Antonio Estofán y Daniel Posse se dieron de bruces con la novedad: Washington Navarro Dávila, fiscal N°5, había emplazado a Talevi a entregar los números de los teléfonos que la Justicia proporciona a los miembros del alto tribunal. La medida fue ordenada en el ámbito de una denuncia mediática del ex fiscal Guillermo Herrera que Gandur mismo ordenó investigar en junio del año pasado.

El requerimiento de Navarro Dávila generó escalofríos. Fuentes de los Tribunales dijeron que era inaudito, y que implicaba un avance evidente sobre la esfera privada e íntima de los jueces. De inmediato, Gandur respondió al fiscal que debía pedir los teléfonos por la vía correspondiente y limitar la medida en forma estricta. En la Corte expresaron ayer que promovían la investigación del supuesto tráfico de influencias relatado por Herrera a los medios, pero que el proceder del fiscal N°5 resultaba intolerable. Consultado por teléfono, Navarro Dávila manifestó que le extrañaba que el diario tuviese información sobre una investigación reservada, cuyos detalles no debían trascender hasta que los imputados declarasen. “No tengo nada para comentar al respecto”, dijo.

Ni el titular ni la dama

“En la causa ‘Delgado’, un alto funcionario público del Poder Judicial me pidió que ‘tuerza’ la pesquisa porque él tenía un comprador que estaba dispuesto a pagar $ 40 millones por las dos hectáreas en juego. Fue un vocal de la Corte, que no es ni la vocal mujer ni el presidente. La propuesta me llegó por medio de un tercero”, comentó Herrera a Radio 10 el jueves 11 de junio. De inmediato, Gandur giró los antecedentes al Ministerio Público para que este investigue el supuesto tráfico de influencias (la resolución sobrevino luego de que fracasara una gestión para promover la pesquisa mediante una acordada firmada también por Goane y Sbdar, los otros dos vocales que ese 12 de junio habían concurrido a sus despachos).

El caso pasó por María del Carmen Reuter (N°3) y por Diego López Ávila (N°4) -se inhibieron- antes de llegar a Navarro Dávila. Dos meses después de esta confesión radial, y acorralado por denuncias penales no esclarecidas -entre ellas, una del Colegio de Abogados de la Capital- y por un sumario administrativo, el ex fiscal N°10 renunció para acogerse a la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

El expediente “Delgado” data de 2013 y su origen es la denuncia de una supuesta usurpación de un predio de dos hectáreas que el Club San Martín atribuyó a los hermanos Walter Fabián y José Dante Delgado. Walter Delgado, que se presentó como copropietario del fundo, expresó en sede penal y administrativa que Herrera restituyó el bien al club sin indagar a los imputados, y con el consentimiento del juez Juan Francisco Pisa, y que, luego, ordenó el archivo de las actuaciones. En un informe dirigido a la Corte en mayo, Herrera defendió el trámite de la causa en cuestión y dijo que seguía investigándola.

PUNTO DE VISTA

"Es de una extraordinaria gravedad institucional"

Por Alfredo Dato - Ex Presidente de la Corte

Un fiscal de Instrucción no puede requerir los números de teléfono de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Se trata de información privadísima que sólo puede ser solicitada por un juez de Instrucción en el ámbito de una investigación jurisdiccional. Y aún en ese contexto resulta fundamental, por respeto a la investidura de los vocales de la Corte, que el pedido de números de teléfono sea dirigido y notificado al interesado -no a un subordinado-, y que esté sumamente acotado a los hechos objeto de investigación. Toda diligencia que exceda esos límites es de una extraordinaria gravedad institucional.

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