El gobernador, esta vez, dejó de lado el recurso de apelar a la estadística como forma de construcción de un balance favorable y prefirió admitir sin precisiones pero sin paliativos problemas profundos a los que definió como "una deuda social arrastrada por décadas y décadas".

Para el futuro inmediato prometió "compromiso y eficiencia de los funcionarios" provinciales, aunque anticipó que el déficit del 7% a nivel nacional y la caída de la recaudación coparticipable y por retenciones se hará sentir en las arcas provinciales.

Por primera vez en ocho años -confió un allegado al Gobierno- este mes fue necesario recurrir al descubierto bancario para pagar los sueldos.

Urtubey recordó un párrafo de su discurso de 2010 cuando anticipó que "por respeto a la voluntad popular" él iba a acompañar cualquier medida que pueda beneficiar a "Salta y al país" sin reparar en la identidad política del Presidente. "El presidente Macri no nos da órdenes, por el contrario, nos escucha", afirmó y descartó "dogmatismos ni obediencia debida".

En todas las variantes del peronismo autóctono existe recelo acerca del éxito que pueda alcanzar un gobierno como el de Macri, regido con criterios de eficiencia empresaria y con un gabinete que, para los políticos tradicionales, es un cuerpo de gerentes. Ninguno está dispuesto a creer sin evidencias que la eventual bonanza del país vaya a traducirse en un "derrame de beneficios", porque la teoría del derrame, por experiencia histórica, suena a verso.

Pero ese mismo peronismo experimenta más temor frente a la alternativa de que el kirchnerismo residual, al que consideran "poco peronista", aproveche las dificultades que afronte el nuevo gobierno para intentar hacerlo fracasar.

"Es hora de construir dialogando; es fácil decir a todo que sí o a todo que no, pero desear que todo fracase no es convicción sino mesianismo", precisó el gobernador.

Pero también envió una advertencia al macrismo: "El Norte necesita menos anuncios grandilocuentes y más avances concretos", expresó.

En el trasfondo del discurso de ayer se percibe la profundidad de una crisis social y política difícil de comprender si se toma en serio de que la anterior fue una "década ganada".

El anuncio de una nueva ley de coparticipación municipal, aunque sea para el año que viene, es una admisión de los problemas que plantean los intendentes.

Urtubey, pero también sus ministros de Trabajo, Eduardo Costello, y de Producción, Javier Montero, se pronunciaron por un incentivo a la producción agroindustrial a partir de la creación de infraestructura, un transporte acorde a la distancia que separa a la provincia de los grandes centros urbanos y la incorporación de valor agregado en el territorio. Por ahora es solo un enunciado y una expresión de deseos.

Para que el plan Belgrano no se limite a un "anuncio grandilocuente", Salta deberá poner lo suyo y remontar ocho años de regresión agroganadera. El Consejo Federal de la Producción se reunirá por primera vez y lo hará en Salta. Vendrá el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y probablemente el de Agroindustria, Ricardo Buryaille.

Allí podrá insinuarse si la Provincia, además de haber acompañado al macrismo con el voto de sus legisladores, está dispuesta a poner en marcha un programa para atraer las inversiones que se esperan luego de la salida del default.

Esas inversiones, cualquiera sea su destino, requerirán garantías jurídicas y políticas. Es decir, no vendrán sin un plan de desarrollo.

Particularmente, hay dos desafíos fundamentales a resolver. Para la agroindustria, además de infraestructura de servicios, es imprescindible eliminar la veda productiva en todas las zonas coloreadas hoy de amarillo. Con el actual ordenamiento territorial, la reactivación es inviable. El otro problema, puesto de manifiesto especialmente por el Partido Obrero en la antesala de la asamblea, es la profunda crisis de la Destilería de Campo Durán, una síntesis del deterioro energético y el declive hidrocarburífero salteño.