Una de las exigencias de los gobernadores peronistas es que la Nación se retire de los servicios de Buenos Aires y Capital Federal, y que sean esas jurisdicciones las que se hagan cargo de la gestión y sus costos, como hacen todos los que están al frente de las provincias. Eso incluye fondos de transporte, energía y agua y cloacas.

Lo primero se reduciría al 50 por ciento de lo que hoy aporta la Nación para colectivos urbanos y de media distancia en el área metropolitana bonaerense.

Aysa, la empresa de agua y de cloacas, no se traspasaría aunque María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta deberán asumir con sus presupuestos el costo de la tarifa social de ese servicio. Ese sería el borrador del acuerdo, porque la discusión no terminó.

 

En lo que sí hay consenso, y de hecho lo confirmó el presidente Mauricio Macri, y detalló el miércoles Javier Iguacel, es que Edenor y Edesur serían transferidas.

 

Iguacel

Iguacel dijo, en conferencia de prensa, que el Ente Nacional Regulador de la Energía (Enre) quedará con unas 50 personas (hoy tiene 430) dedicadas a la energía mayorista y el transporte, y que el resto pasará a un ente interjurisdiccional, autárquico, conformado por Buenos Aires y Capital Federal, al que podría sumarse la Nación en un rol de “árbitro” para custodiar la integridad del contrato. La infraestructura eléctrica es propiedad hoy de la Nación, como las rutas nacionales. Además, los índices de calidad de servicio son peores en el conurbano bonaerense que en Puerto Madero y habrá que equilibrar el destino de las inversiones.

“Ese nuevo ente va a definir las tarifas en el Amba. No creemos que se llegue a formar antes del próximo cuadro tarifario, pero sí para los siguientes, que se hacen cada seis meses”, dijo Iguacel.