La legisladora pide que se tenga en cuenta el criterio del CIN para esa distribución equitativa y presentó un modelo alternativo de reparto de ese adicional.

Con el objetivo de “enmendar la inequidad que ha quedado plasmada en la Ley de Presupuesto recientemente sancionada por el Congreso respecto de la distribución del refuerzo presupuestario asignado a algunas Universidades, en detrimento de otras, es que presento esta iniciativa”.

“El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados -continuó- anexaba una única planilla con la asignación presupuestaria correspondiente a cada Casa de Estudios. Luego, reiterando una práctica que ya se ha seguido en años anteriores, en el trámite parlamentario de esa Cámara se introdujo una segunda planilla que previó montos adicionales para complementar los presupuestos universitarios de algunas universidades. Esa técnica legislativa no es novedosa”.

“Lo que sí es inédito -aseguró-, es el criterio absolutamente discriminatorio y discrecional, por no decir arbitrario, con el que se distribuyó el monto total contenido en esa segunda planilla entre sólo 21 de las 56 universidades. Pero además, contrariamente a criterios de anteriores presupuestos, en esta oportunidad el refuerzo presupuestario no se asignó. Ya al momento del tratamiento de la Ley de Presupuesto, con un criterio coincidente que atravesó las diferentes bancadas, anunciamos que presentaríamos una iniciativa para tratar de corregir esa inaceptable desigualdad”.

“Que haya primado la voluntad de otorgar con premura a este Gobierno el vital instrumento de gestión que significa el presupuesto, no significa que encubriremos esta vergonzosa discriminación, en la que se consagra un doble estándar que no puede subsistir en nuestra política educativa”, expresó.

Durango agregó que frente a las dificultades financieras que atraviesan todas las universidades nacionales, el adicional presupuestario debió responder a criterios diseñados en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Creemos que la distribución presupuestaria se debe asentar en las metas, resultados y necesidades de las universidades, en un marco de debate en el que se discuta la política nacional en materia de educación superior. De esa forma, el presupuesto de cada universidad debe diseñarse teniendo en cuenta su presupuesto normativo, conformado por los montos de sus gastos corrientes, sueldos de personal docente, del personal de apoyo administrativo, de las autoridades y otros gastos de operación, y a los gastos de inversión, tal como surge del Modelo de Asignación Presupuestaria elaborado en el seno del CIN”, dijo.

UNLPam

En la fundamentación de su proyecto, Durango expresó que “el caso particular de una de las tantas excluidas, la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), mi provincia, el texto de la Resolución Nº 366/16 emitida por su Consejo Superior acude en apoyo de la fundamentación del presente proyecto. En el artículo 1º de la misma, se resuelve: ‘Manifestar su profunda preocupación por la aprobación (…) del Proyecto de Ley de Presupuesto (…), especialmente en lo que se refiere al Presupuesto de las Universidades Nacionales y rechazar la distribución discrecional de la partida de refuerzo presupuestario, que afecta la autonomía y autarquía universitaria consagradas en la Constitución Nacional’”.

La legisladora pampeana señaló que en los considerandos de la Resolución se consigna que con los montos que surgen del presupuesto aprobado, apenas se alcanzará a cubrir los gastos destinados a los salarios de los docentes, no docentes y autoridades, quedando reducido casi a la mínima expresión el margen para atender el sostenimiento que demandan las carreras de grado y las inversiones propias de las actividades universitarias, como por ejemplo el incremento de becas para estudiantes, el aumento de la planta docente y no docente, la mejora de los comedores universitarios, del sistema de transporte, entre otros rubros.

“Asimismo, las dificultades indefectiblemente se trasladarán a la proyección de nuevas carreras de grado y de postgrado, tanto como a la atención de las actividades de investigación y extensión. Como se ve, la inequidad que ha quedado consagrada en la Ley General de Presupuesto recientemente sancionada no puede subsistir sin riesgos para el funcionamiento de las universidades que han sido discriminadas”, anticipó.

Para cerrar, Durango dijo que la “urgencia que exige salvar esta situación, lamentablemente conspira con la conveniencia de convocar al Consejo Interuniversitario para que, desde el ámbito natural en el que esta discusión debe darse, acerque las pautas que permitan redistribuir el monto total del refuerzo presupuestario consignado en la Planilla ‘B’, anexa al Artículo 12 de la Ley Nº 27341. En ese contexto, se propone redistribuir esa cifra, es decir $1.028.670.000 entre todas las universidades, en base al cálculo que surge de la reproducción del porcentaje con el que se distribuyó, entre ellas, el monto del subtotal del Rubro ‘Educación y Cultura’. Con lo cual no modificamos el monto total previsto en la planilla B, sino sólo su distribución. Con esta propuesta, entendemos que quedará salvada la injusta asignación con la que han sido perjudicadas las 35 universidades omitidas en las partidas adicionales de la Planilla B”.

El proyecto de la senadora pampeana fue acompañado por una docena de senadores.