Dragado: Uruguay pidió a la Justicia que investigue si hubo sobornos

Por Guillermo Pellegrino.

La Cancillería uruguaya presentó ayer una denuncia penal por las irregularidades detectadas por una auditoría.

El juez de Primer turno de crimen organizado, Néstor Valetti, r ecibió ayer una denuncia de la cancillería de Uruguay que apunta a que la justicia investigue y profundice sobre los resultados de la auditoría que el Tribunal de Cuentas hizo sobre las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), en la que quedaron expuestas dudas sobre la regularidad en los procesos y la actuación de funcionarios argentinos en la extensión de los contratos a la empresa Riovía, que desde 16 años se encarga del mantenimiento del canal Martín García.

No se saben cuáles fueron exactamente los términos de la presentación judicial de la cancillería uruguaya porque rige el secreto de sumario.

Si bien el tema de la poca o confusa difusión de algunas actividades suele ser un sello del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, es factible que esta vez, en la decisión de no informar, haya primado el decoro para con el gobierno argentino, por el momento de tensión que se atraviesa.

En cuanto a la presentación judicial, a Almagro le generaron fastidio las declaraciones del gobierno de Cristina Fernández, que apuntaban a que Uruguay estaba favoreciendo a Riovía, por negarse a separarla del concurso de licitación para renovar el contrato para el mantenimiento y profundización del Martín García.

El silencio impuesto por Mujica a la totalidad de jerarcas y funcionarios ligados al tema, que dista de ser salud en casos en los que abona este tipo especulaciones de prensa, lleva a los mensajes confusos, en una denuncia cuyos términos podrían ser aclarados ya que, a la corta o a la larga, se van a saber y a lo único que llevan es a crear suspicacias varias.

Lo cierto es que la actuación de Riovia (subsidiaria de la holandesa Boskalis) había quedado en entredicho luego de que en marzo Julio Baraibar, un alto funcionario del gobierno uruguayo, confirmara en una radio lo que semanas antes había deslizado un diario local en cuanto a un intento de soborno (nunca quedó muy claro quién pudo tener esa intención; el ex canciller García Moritán ha dado distintas versiones al respecto) al entonces presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, Francisco Bustillo, quien tampoco nunca fue lo suficientemente diáfano en sus dichos.

Sin embargo, al no poder comprobarse en la auditoría del Tribunal de Cuentas de que existió el acto delictivo, Uruguay no se sumó a la posterior decisión unilateral del gobierno argentino de eliminar Riovía de la licitación, lo que produjo la irritación de Buenos Aires que, en unos de sus varios embates, acusó a Montevideo de amparar a Riovia.

Por eso, según pudo saber Clarín , ante la incomodidad de quedar en la posición, Almagro presentó en la justicia documentos vinculados a las actuaciones de la CARP que estaban en poder de su cartera.

La presentación judicial de la cancillería uruguaya se sumó a otra del 17 de mayo, realizada en el mismo juzgado por el abogado Gustavo Salle, quien acusó a Baraibar por omisión de funcionario público de denunciar un delito, según lo establece el artículo 177 del código penal uruguayo.

“Entiendo que, a raíz de la denuncia ya existente, lo que está haciendo la cancillería es presentar documentación ampliatoria para que se investigue lo que dijo Baraibar y también lo que este funcionario no denunció”, concluyó Salle en diálogo con este diario.

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