Este miércoles, en el marco de una reunión ampliada de la comisión de Presupuesto, diputados analizaron el proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, Martín Paiva, tendiente a generar un marco legal para celebrar acuerdos voluntarios con el Estado provincial, como alternativa a la ley impulsada por el Poder Ejecutivo que creó el Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera, que fue sancionada en 2013. A la reunión, de la que participaron los legisladores del Frente para la Victoria - Partido Justicialista Leonardo Alvarez, Rubén Contreras, Roberto Fernández, Silvio Suárez, Darío Galbán, Martín Paiva y Martín Sotomayor, fue convocado el secretario de Estado de Ingresos Públicos, Favio Vásquez, quien expuso su parecer respecto a la implementación del Impuesto Inmobiliario Minero y a los impedimentos en el cobro del mismo que en la actualidad se vienen registrando.Al respecto, Paiva señaló que “durante la reunión de bloque surgió la posibilidad de que se analice este proyecto, que genera un marco para promover acuerdos voluntarios con las empresas mineras que operan en Santa Cruz”, agregando luego que “es un proyecto que genera una alternativa a la aplicación del Impuesto Inmobiliario Minero. Es muy importante poder analizar el proyecto, que los compañeros diputados puedan hacer aportes y consensuar el mismo, y después hay que generar, desde la política y desde la institución legislativa, las condiciones para que las empresas mineras que operan en nuestra provincia quieran hacer el aporte que está necesitando nuestro pueblo”. “Como sabemos -agregó el legislador-, el Impuesto Inmobiliario Minero ha sido controversial y no ha cumplido con su objetivo, que era generar ingresos para las arcas provinciales. No se pudo aplicar porque distintas empresas han judicializado este impuesto y en consecuencia, hemos planteado a través de este proyecto la posibilidad de que las empresas que suscriban acuerdos voluntarios con el Estado provincial queden exceptuadas de la aplicación del Impuesto Inmobiliario Minero, y en función de esto tengan nuevas obligaciones que surjan de estos acuerdos”. Para el caso de las empresas que ya pagaron, Paiva explicó que en su proyecto de ley “ese dinero aportado se tomaría a cuenta de las obligaciones que surjan de los acuerdos que se puedan suscribir en el futuro”, resaltando que “el proyecto fija el destino de los recursos que se generen a partir de estos acuerdos, que prioritariamente se volcarían a la salud pública, y hoy estamos discutiendo qué otros destinos se les puede dar. Entiendo que hay consenso en que hay que priorizar la salud y la educación, fundamentalmente”, concluyó. 

Sobre el proyecto El proyecto de ley que presentó el diputado Paiva busca incorporarse “como inciso 4 del artículo 279º de la Ley 3.251”, sugiriendo que “las empresas que encontrándose alcanzadas por el Impuesto al Derecho Real de Propiedad Inmobiliaria Minera, según lo establecido en el Título VII Capítulo II ‘De los Contribuyentes y demás Responsables’ de la presente, suscriban con la Provincia un Acuerdo que deberá contener como pautas mínimas las que se establezcan mediante Ley Provincial, y mientras las obligaciones emergentes del mismo sean cumplidas regularmente”. Además, propone pautas mínimas que habrán de contener los acuerdos que se suscriban en el marco de lo establecido en la Ley Nº 3.251, artículo 279ª inc. 4 y establece que las exenciones aprobadas tengan efecto retroactivo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 3.318 (creación del Impuesto Inmobiliario Minero), entre otras pautas.