Un borrador que circula entre senadores oficialistas y opositores desde hace más de una semana sintetiza los cambios que, si se formalizara un acuerdo, se le harían a la ley 7722 para cambiar el marco legal de la minería en Mendoza.

"Está consensuado y terminado el texto", aseguran en el radicalismo. En realidad, se trata de dos iniciativas con bases en las propuestas que hicieron los senadores justicialistas Alejandro Abraham y Juan Agulles, pero con varias ampliaciones.

En el artículo 1 de la ley 7722 original dice que "se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos".

 

Sin embargo, según pudo saber este diario, la nueva redacción sólo prohíbe el mercurio y señala que el uso de sustancias quedará restringido a aquellas que "aseguren la sostenibilidad del proyecto y cuya producción, importación y uso esté permitido en Argentina".

El nuevo texto, tal como se ha adelantado, también elimina la aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental de los proyectos mineros.

Pero quienes están a favor de la modificación recalcan por otro lado que "el departamento que no quiera explotar la minería, no lo hará".

"Entre los informes que se piden están los sectoriales de los municipios" sostienen los impulsores, además de "la obligación de contratar una auditoría internacional de Naciones Unidas para verificar el impacto ambiental".

También se habla de la contratación de seguros y de la creación de una Policía ambiental para controlar la actividad.

En el proyecto de Abraham aparece, por otro lado, la creación de "un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico". Ese artículo dice que la mitad de la recaudación por regalías de los proyectos mineros se usará para obras hídricas y la otra mitad para infraestructura y servicios.

Los que quieren cambiar la ley 7722 no dejan de resaltar los beneficios económicos y de creación de empleo que traería para Mendoza.

El nuevo texto fija en ese sentido que el 25 por ciento de las empresas que se contraten deberán ser locales y que el 75 por ciento de la mano de obra también deberá ser mendocina. Es trabajo que quedaría para personas que tengan "más de dos años de residencia continua en la provincia", señalan los defensores del proyecto.