Como ciudadano, el también concejal de Santo Tomé, Eduardo Etchegaray, presentó una acción de amparo ambiental contra el Municipio para exigir el saneamiento del basural a cielo abierto. La Justicia dio lugar al planteo y estableció una serie de medidas, entre ellas, que en un plazo de 30 días presente un estudio de impacto ambiental ante el Icaa. La Comuna solicitó más tiempo para cumplir con ese requerimiento, pero este les fue denegado por los magistrados.

“El pasado 19 de febrero presenté el amparo para que se cumpla la ordenanza”, recordó Etchegaray. Un requerimiento al cual le dieron lugar el 28 de ese mismo mes. En ese contexto, los magistrados Manuel Pereyra y Eduardo Moreyra solicitaron como primera medida que el Municipio, en un plazo de ocho días, le remitiera un informe sobre cada una de las etapas utilizadas en el tratamiento de los residuos, como así también que especificaran qué tipo de desechos eran arrojados en el predio destinado para el basural. 

PUBLICIDADPero además, los jueces decretaron una medida cautelar innovativa para que, “en el caso de que no se haya realizado la herramienta ambiental pertinente, intimar a la Municipalidad para que en un plazo de 30 días presente evaluación y declaración de impacto ambiental respecto al basurero municipal a cielo abierto que funciona en esta ciudad, ante la entidad de aplicación, Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa)”. Asimismo, solicitaron al “Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial que emita un dictamen acerca de las patologías y consecuencias inmediatas y/o mediatas en la salud de las personas que viven cerca de un basural a cielo abierto y las que efectúan trabajos en el lugar”. En tanto, libraron tres oficios: los dos primeros estaban dirigidos “al Hospital Universitario San Juan Bautista” y a la Facultad de Medicina Fundación Barceló para que informen la observación o estadística de alguna especie de patología compatible con la actividad del basural municipal”. Y un tercero, a la delegación local del Inta para que, en caso de tenerla, les remita datos referidos “a anomalías en la flora y fauna de la zona inmediata al citado depósito de desechos”.

Pero también en ese mismo dictamen instaron a la Comuna a que tomara los recaudos indispensables respecto al cuidado perimetral del predio del basurero a fin de evitar el ingreso al lugar de personas ajenas a ese sitio, como así también de animales que luego son destinado al consumo humano. Al mismo tiempo que requirieron “evitar y controlar” la quema de desechos.

 

Rechazo

En respuesta a este dictamen judicial, el Municipio solicitó un plazo mayor a 30 días para presentar el estudio de impacto ambiental. “Pero le denegaron ese pedido porque los magistrados consideraron que no se trató de una medida arbitraria, ya que el Municipio tuvo 609 días para aplicar la ordenanza que había sido sancionada precisamente con el objetivo de sanear el basural a cielo abierto”, expresó Etchegaray sobre el fallo emitido el último miércoles 21 del corriente mes. Sobre esto, detalló que “la Justicia ratificó así que, en 30 días, el Municipio, deberá cumplir con la presentación”.

“Es más, una prueba de que no había intenciones de avanzar con un plan de saneamiento es que, en el presupuesto 2018, no hay asignado ni un solo peso para ese fin”, concluyó Etchegaray en diálogo con El Litoral.