El vicepresidente del bloque del Frente Renovador en la Cámara de Diputados de la Nación, Alejandro Grandinetti, se refirió al pedido de informe que su bloque presentó ante el accionar del Gobierno de Santa Fe de dejar de supervisar a presos federales que gozan de prisión domiciliaria y salidas transitorias en esa provincia. En ese marco, aseguró que el massismo ingresará la semana que viene al recinto un paquete de leyes “anticorrupción” y vinculadas al tema de la inseguridad. 

Es que, según apuntó, desde el espacio de Sergio Massa pugnan por debatir un nuevo Código Penal. “Estamos planteando un nuevo Código Penitenciario, un nuevo Código Penal. Probablemente en días, si no es la semana que viene, vamos a ingresar un par de leyes anticorrupción y por el tema de la inseguridad. Insistimos con un nuevo Código porque hay más de cuarenta delitos nuevos, por eso esperamos tratarlo rápidamente”, indicó a Info Región. 

“Particularmente nos interesa por el hecho de estos 545 delincuentes federales que quedarían sin custodia en la provincia de Santa Fe. Advertimos que no solamente es un riesgo para la población de esa provincia, sino para todo el país”, indicó en referencia a la supuesta decisión del Gobierno de esa provincia de dejar de controlar las salidas transitorias, asistidas o la prisión domiciliaria de los presos federales.

“Nuestra denuncia es a partir de un comunicado oficial a los jueces federales de la ciudad de Rosario, en el cual se les advierte que a partir del 31 de marzo van a concluir los servicios de custodia y contralor de aquellos encarcelados o individuos que tienen libertad restringida por prisión domiciliaria o salidas transitorias”, señaló.

Y advirtió que tal situación ya fue hablada con el jefe de bloque de Cambiemos, Nicolás Massot. “Presentamos ayer un pedido de informes con la comprobación que tenemos de que esto va a entrar en vigencia a partir del 31 de marzo. Buscamos adelantarnos porque lo que nos preocupa es que esto se da en un momento en el que la ciudadanía está reclamando mayores niveles de protección, de sensibilidad a la clase dirigente para que tenga en cuenta los episodios de inseguridad, pero parece que vamos en sentido contrario”, destacó Grandinetti a Info Región. 

Bajar la edad de imputabilidad. Cada vez que se discute una posible reforma al Código Penal surge un cuestionamiento ineludible: si bajar o no la edad de imputabilidad, al menos para delitos graves. 

Si bien Grandinetti advirtió que es necesario bajarla a los 14 años, advirtió que el massismo sostiene que “no debe ser una cuestión solamente represiva”. 

“Hay que bajar la imputabilidad, llevarla a niveles como tiene Uruguay (13 años), Ecuador o Venezuela (12), ni hablar de Europa, como España e Italia, que lo estipulan en los 14 años. Pero el tema no es encarcelar a los jóvenes. Lo que nosotros estamos pidiendo es intervenir en estas bandas que utilizan a menores para delinquir. Estos jóvenes tienen que tener un tratamiento de resociabilización diferencial. Necesitamos centros de detención donde lo que se tiene que hacer es curarlos de las adicciones, resociabilizarlos y ponerlos nuevamente en la curricular escolar. Creo que lo peor que puede ocurrir es lo que está haciendo la Argentina: nada con respecto a estos jóvenes”, disparó.

En ese marco, pidió abordar las problemáticas de “exclusión” y “pobreza” que llevan a estos menores a “ser utilizados por el crimen organizado”. “Emplean principalmente a menores, porque son inimputables, para realizar todo tipo de delitos. Consiguen “soldaditos” como se los denomina y, en la mayoría de los casos, son menores de 14 años que están armados. Una verdadera locura”, indicó.

Y advirtió que “la no imputabilidad no solamente pone en riesgo al resto de la sociedad, sino también a los jóvenes mismos”. “Han sucedido más de un episodio donde son víctimas y victimarios jóvenes de cada vez menor edad, de entre 14 y 15 años. Necesitamos un debate maduro al respecto”, concluyó. 

Cintia Vespasiani