Cristina Kirchner ratificó la absoluta vigencia de todos esos componentes y fogoneó las tensiones en la reservada visita que le hizo hace tres días a Alberto Fernández en busca de aclaraciones (o de seguir fijando posiciones y límites).

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"¿Qué es eso de que estamos subsidiando a Techint?" En esa pregunta se sintetiza el disparador de su última presencia en la residencia de Olivos, que se mantuvo en secreto. Pero el planteo, vinculado con el programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP), revela mucho más que el mero interés (y el implícito reproche) por el vínculo del Estado con un grupo empresario al que la vicepresidenta y el kirchnerismo en general le tienen particular ojeriza.

El motivo inicial de ese encuentro explica también la naturaleza de la relación entre el Presidente y su mentora, el rol que ella se reserva como guardiana de sus principios e intereses, el oído que les presta a los sectores más radicales de su espacio y, al mismo tiempo, el estrecho y ambiguo sendero por el que transita Fernández. La multitarea también le llegó al jefe del Estado: ya no es solo un equilibrista. También debió hacerse cargo del trabajo del malabarista.

La visita ocurrió casi en simultáneo con la propuesta de la diputada camporista Fernanda Vallejos para que el Estado se quedara con acciones de las empresas a cuyos trabajadores asiste con el pago de parte de sus salarios, que de eso se trata el ATP.

El objetivo del programa (evitar despidos o más quiebras de las que la larga cuarentena ya provocará) es lo que, dicen, enfatizó Fernández frente a Cristina Kirchner, además de negar cualquier ayuda directa al grupo de la familia Rocca.

No hay certeza de qué reencauzó las cosas: si la vicepresidenta consideró satisfactorias las explicaciones de Fernández, si fue el sonoro silencio del propio mandatario sobre el proyecto de apropiación de parte de las empresas privadas o si fue la ambigüedad con la que se expidieron varios ministros respecto de la iniciativa.

Al mismo tiempo, en el Gobierno dicen que Máximo Kirchner, en sus roles de jefe de La Cámpora y de presidente del bloque de diputados oficialistas, le habría pedido a Vallejos más reserva y prudencia. En todo caso, el objetivo de romper el límite de lo indecible ya estaba logrado. Y eso está lejos de molestar a Fernández. Por el contrario, suele resultarle funcional.

Es un hecho que una deliberada ambivalencia del Gobierno manda en el terreno de la relación con las empresas privadas. Lo mismo sucede en otros terrenos. Cultivar la falta de certezas de los demás es inherente al ejercicio del poder.

Fernández y sus ministros jamás desautorizan o rechazan de plano (al menos públicamente) las iniciativas excéntricas de los sectores más radicales de su espacio. Sea en lo económico, en lo político o en lo institucional. El rol de corrector (o moderador) es otro de los papeles que le gusta interpretar y con el que ha logrado desconcertar y no quedar en la mira. Hasta ahora.

Los 80 puntos de aprobación a su gestión de la pandemia le están permitiendo tanto esas ambigüedades como exponer ciertos reflejos de intolerancia ante quienes cuestionan algunas de sus decisiones, como la continuidad de la extensión de la cuarentena rígida para el AMBA.

Nadie en el Gobierno se esfuerza por aclarar cuáles serán las definiciones y dónde estarán los límites cuando lleguen las peores consecuencias de la pandemia (en lo sanitario y en lo económico). Las fronteras ya se han ido corriendo y lo que hasta hace nada parecía improbable ahora asoma factible. Otro logro de los extremos, de los que Fernández parece usufructuar más que padecer.

Pueden dar fe de esa realidad los representantes de compañías de servicios, que, temerosos de algunas iniciativas cuasi confiscatorias, se avinieron a aceptar demandas del Gobierno que antes habían desoído. En el oficialismo celebran la inquietud que despiertan entre empresarios y opositores y se jactan de sus aptitudes. La tribuna es un aliado muy poderoso.

Cuarentena popular

De nuevo, los números de las encuestas mandan, aunque sobren los procedentes del carácter tóxico que puede tener su consumo excesivo a la hora de tomar decisiones de políticas públicas. El gobierno anterior, del que tanto busca diferenciarse esta administración, dejó sobrados ejemplos de sus efectos.

 

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La inminente continuidad de una cuarentena rígida en el ámbito metropolitano se sostendrá en los resultados de los últimos sondeos de opinión pública.

Los trabajos de Poliarquía y de Aresco muestran un recrudecimiento del miedo al coronavirus. También, como se dijo, se mantienen los altísimos índices de apoyo a las medidas adoptadas y la elevada imagen de Fernández.

Al mismo tiempo, decreció, aunque levemente, el temor a los efectos económicos negativos del aislamiento. Suficiente para el Gobierno.

Una lectura más atenta de los últimos números difundidos por Poliarquía muestran que en el promedio mucho influye la visión de los empleados públicos (en lo referido a la preservación tanto de su trabajo como de sus ingresos). Algo más escépticos son los trabajadores del sector privado, pero los ATP podrían estar teniendo un efecto analgésico para no ser tan pesimistas, como son autónomos y cuentapropistas de toda índole.

La última encuesta de Aurelio ratifica esos matices. Aunque todos los estratos admiten haber sido afectados económicamente por las medidas para contener el Covid-19, los sectores altos y medios altos son los que más demandan una mayor flexibilización de la cuarentena, mientras que los sectores bajos y medios bajos apoyan la continuidad del aislamiento duro.

El Gobierno tiene claro dónde se encuentra su principal soporte electoral y qué es lo que hoy demanda ese sector donde Cristina Kirchner sigue siendo la reina de corazones. Mañana se verá cómo podrá seguir satisfaciéndolo.

Solo hay un certeza: las tensiones con el mundo empresario podrán atemperarse, pero no van a desaparecer. El equilibrista, el malabarista y el corrector seguirá representando todos sus papeles.

 Por: Claudio Jacquelin