La magistrada avaló así el acuerdo previo al que habían llegado la fiscal María Cecilia Martiní, la defensora oficial Silvia Mariel Annechinni y el propio imputado, quien admitió la autoría del hecho y la pena impuesta.

Maza, además, le impuso al condenado el cumplimiento durante dos años de las siguientes reglas de conducta, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena en caso de incumplirlas: fijar domicilio, del que no podrá ausentarse sin conocimiento o autorización de la autoridad judicial correspondiente; someterse al control del Patronato de Liberados; y abstenerse de relacionarse con la víctima, "no pudiendo ejercer ningún acto de violencia, perturbación, intimidación, agresión y/o maltrato hacia la misma".

La justicia demostró que aquel día a la noche, el imputado agredió a su expareja, y con quien posee un hijo en común, en la localidad de Toay, provocándole "un aritema en la región molar izquierda" (enrojecimiento de la piel) luego de pegarle una cachetada en la cara.

Maza justificó el agravante de la relación de pareja preexistente ya que al momento del hecho, si bien estaban separados, convivían en el mismo domicilio.

La agresión se habría producido luego de que la mujer pidiera iniciar los trámites de la cuota alimentaria y el régimen de visitas al menor.