El recinto de deliberaciones del Concejo Deliberante es la caja de resonancia política de las fuerzas partidarias que se medirán el próximo 27 de octubre. Así es que cada proyecto, cada Ordenanza tiene en su debate y votación la impronta propia de los tiempos electorales. Mucha pasión y chicanas políticas.
Por un lado se votó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza que remitió el Ejecutivo solicitando al Cuerpo se expida sobre un llamado a licitación que tuvo un sólo oferente. Cuando el mismo llegó al recinto se intentó su tratamiento sobre tablas, y finalmente no alcanzó los dos tercios requeridos y pasó a comisión.
En las dos semanas que separaron ambas sesiones se batió el tambor imputando a la oposición “la máquina de impedir la obra pública”, indicando que se generaba un perjuicio del cual nunca se explicó exactamente a cuánto ascendió monetariamente o el tiempo de mora que produjo.
Finalmente la compra de escoria fue aprobada, como decíamos por unanimidad, y sirvió para seguir intercambiando chicanas.
Claro que el bloque del PJ, blanco de esas críticas, ya tenía superado el tema porque estaba más empapado en el pedido de informes que se elevó al fiscal federal Matías Di Lello para que explique los alcances del allanamiento o requerimiento judicial por una denuncia sobre el desvío de fondos para la obra pública.
Antes que ellos el concejal de la UCR Eduardo Suárez fue quien asumió el rol que les cabe a los 20 pidiendo las explicaciones del caso, pero expresamente a quien corresponde, el Departamento Ejecutivo.
El concejal justicialista Carlos Mantelli sostuvo que “de alguna manera le daremos el respaldo a la gestión del intendente si no hubo delito alguno”.
Es que del mismo modo que hubo muchos especialistas en escoria, también los hubo de administración del Estado, financiación de la educación y procesos judiciales. Pero pocos realmente esclarecedores de estos temas.
Cabe preguntarse si el Concejo cumplió con su rol de contralor del Ejecutivo, o se distrajo en otras cuestiones.
Si pudieron rápidamente ponerse de acuerdo en un Proyecto de Comunicación al gobernador Daniel Scioli, sobre la deuda que tiene el IOMA con ANARL, y que ha puesto en riesgo su continuidad prestando servicios cada vez más demandados.
Lo que será considerado un acierto de este período que preside Andrés Quinteros, fue la declaración de José Domingo Colombo como ciudadano ilustre post morten. La emotividad del momento superó las divagaciones que durante cuarenta años se hicieron, y se hacen, sobre la ideología del periodista. En el homenajes a los muertos y los ciudadanos ilustres, en este caso doblemente, todos los discursos son positivos.
El concejo volverá a tratar un proyecto que fue pasado a archivo, en el que se propiciaba la intervención del cuerpo y de la Unidad de Gestión Educativa Descentralizada, UGED, para elegir el destino de los fondos que gira la provincia desde la Nación para las escuelas del distrito.
Durante los debates, oficialistas y opositores repitieron los argumentos que durante la campaña llevan los candidatos en sus caminatas por los barrios y reuniones con vecinos.
Hasta Quinteros defendió otra vez la gestión de Ismael Passaglia explicando los recursos administrativos con que cuenta el Ejecutivo, otorgados algunos por el Concejo, para disponer del presupuesto. Lo hizo como si sus pares desconocieran la mecánica, ignoraran la publicación de los Decretos respectivos, o que la denuncia presentada en la Justicia Federal no estuviera teñida de algún sospechoso oportunismo electoral.
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