La sesión extraordinaria, con la presencia de Oscar Luciani y el nuevo secretario de Seguridad, Marcelo Oberti, no eclipsó un tema crucial: la financiación de las políticas de seguridad, hasta ahora solventadas por el Fondo para la Seguridad Ciudadana que se cobra atado al consumo de luz. El Concejo Deliberante aprobó que el cobro de esa tasa se extienda hasta el 24 de octubre, pero tambalean los argumentos que hacen de esa recaudación un pilar para el mantenimiento de los recursos policiales –y solo eso, ya que nada se hace en materia de políticas de prevención o demandas sociales-.

Es por ello que en estas semanas, generando incomodidad en algunos integrantes del Consejo Permanente para la Seguridad Ciudadana (CPSC) –organismo que determina el destino de los recursos-, ediles comenzaron a debatir un cambio rotundo en el modo en que se gastan los recursos de todos. Vale recordar que la recaudación mensual es al alrededor de 600 mil pesos, sin tener en cuenta el último tarifazo en la luz.    

Sin consenso aún para tratarlo en el recinto, se habla, en primera instancia, de fijar porcentajes máximos en los rubros de gastos. Así se evitaría, por ejemplo, que más del 80 por ciento de los recursos se utilice solo en combustible para los patrulleros.

Se debate también un cambio en las tareas del Consejo de Seguridad al que cada vez más concejales consideran una “cooperadora policial”. Apuntan a un retorno a las tareas de consulta, de difusión vecinal y no de elevación de presupuestos de gastos.

Pero también comenzó a tomar fuerza la idea de proponer que el pago del Fondo de Seguridad sea optativo. La concejala Vanina Pascualín ya disparó el tema en el seno de la última extraordinaria. 

A todo ello se suman nueve requisitos puntuales que el Concejo incorporó a la prórroga del cobro del Fondo de Seguridad, con vencimiento el 24 de octubre, y que el Consejo de Seguridad pidió al intendente que los vete. Son exigencias concretas relacionadas a la transparencia que el cuerpo deliberativo antepone para seguir avalando el cobro del Fondo.

El concejal del Frente Renovador Gabriel Jurina preside la Comisión de Seguridad del Concejo y además integra el Consejo de Seguridad. Desde ese doble rol, en la sesión denunció prácticas indebidas del CPSC y bregó por cambios porque, entiende, el Fondo debe seguir financiando políticas de seguridad. Tampoco reniega del CPSC, aunque está enfrentado con determinadas prácticas y por ello con un puñado de consejeros. EL CIVISMO mantuvo un diálogo con Jurina, donde no solo ratificó sus críticas, sino que las amplió.    

- ¿Integra un Consejo de Seguridad en el que falta transparencia?

- Tuve varias discusiones y se generó mucho malestar entre los integrantes del Consejo de Seguridad justamente por mis planteos hacia las cosas que, entiendo, no están funcionando bien en ese organismo. No será culpa de quienes integramos el Consejo, pero hay que asumir la responsabilidad que nos cabe: desde que se creó no ha habido resultados concretos y efectivos en materia de inversiones. Como no están definidos los porcentajes de en qué se tienen que gastar los recursos, el 80 ó 90 por ciento se fue en combustible y reparación de vehículos. Con el agravante de que no hay una fuerte presencia de móviles en las calles que justifiquen el desmesurado gasto, y que según dice el propio intendente el delito aumentó el 70 por ciento. 

- Sumado a la seria sospecha, con la admisión de un ex funcionario, de irregularidades en el suministro de combustible a los patrulleros.

- Sí. Hay una denuncia penal y despidos en el proveedor municipal. Parte de esa plata del combustible se ha quedado en el camino. Entonces el vecino que a través del recibo de luz aporta todos los meses para el Fondo de Seguridad, lógicamente merece que replanteemos algunas cosas. Hay que reformar la ordenanza que dio lugar al funcionamiento del Consejo de Seguridad.  

- ¿Qué cambios se estudian? ¿Contemplan alejar a los consejeros de seguridad del manejo del destino de los Fondos?

- El Consejo de Seguridad y el secretario de Seguridad, que integra el Consejo, no pueden estar enredados en el manejo de los presupuestos, en intermediar con los talleres y en tareas que son propias de la Dirección de Compras. Además es un área que entiendo que está trabajando bien. Los controles mejoraron. En la nueva ordenanza hay que diferenciar un plan de prevención del delito de lo que es un plan integral de seguridad. Yo escuché a Oberti hablar de esto y celebro que así sea. El plan que se volcó en la ordenanza de 2014, adjunto a la creación del Consejo y el Fondo, y lo que presentó Navarro el año pasado, no era más que un diagnóstico en el que mezclaban lo policial con lo social. Hay que destinar los recursos a la tarea social, a ayudar a la Justicia. Y así los potenciales delincuentes no lo serán. En esa mezcla de Navarro no se hacía nada. 

- Mencionó el informe de Navarro. También lo recordó Luciani en la sesión. Había mentiras muy claras.

- Sí, los botones antipánico, por ejemplo. O bien el intendente falta a la verdad, porque debería saber que el COM no está tecnológicamente adaptado para que podamos poner botón antipánico o le pusieron el diario de Yrigoyen. Eso no puede ocurrir. El secretario de Seguridad debe contar con una estructura y celebro que el titular sea de Luján, con trayectoria respetable en la Policía y que adelantó colaboradores que serán útiles a un equipo que se ocupe de la tarea específica del área.

- Si se impulsa el cambio de funciones en el Consejo de Seguridad, ¿cree que seguirían los actuales consejeros?

- Si tienen voluntad y vocación por trabajar para la comunidad sí, deberían seguir. Pero el Consejo de Seguridad no puede ser la vieja Cooperadora Policial que atiende cuestiones de arreglos de patrulleros. 

- Hoy se parece bastante a eso.

- Es cierto. Entiendo que el Consejo de Seguridad debe ser la polea de trasmisión entre el gobierno municipal y los vecinos. Así funcionaban los Foros de Seguridad, pero se devaluó su figura. Sin embargo en aquellos años hubo resultados positivos. Se creó la Fiscalía, la Jefatura Distrital, el Destacamento de La Cañada, la Comisaría de la Mujer. Logros concretos. Y un trabajo muy interesante al que hay que volver: organización de prevención del delito con los vecinos, con cuadras solidarias. Hoy se hace en una mínima expresión, por la disposición de recursos, con las luminarias y las alarmas. No puede ser que el año pasado de la totalidad de los recursos ingresados, menos del 5 por ciento fue para ese fin y es la principal demanda vecinal, con esperas de más de un año.  

El combustible lo manejó discrecionalmente el Departamento Ejecutivo. El Consejo de Seguridad no intervino. Con Pascualín, Scarzo y otros concejales opositores trabajamos para fijar porcentajes y así no se podrá gastar cualquier cosa en combustible.  

- Los integrantes actuales del Consejo de Seguridad, ¿tienen todos sus papeles en regla en las instituciones que representan?

- Eso lo debería responder el director de Entidades Comunitarias. En la asamblea se pidieron una serie de requisitos, contemplados en la ordenanza, pero el que tiene la última palabra es Pérez Naveiro y ahora también Juan Pablo Merea. 

- En la sesión usted mencionó prácticas del Consejo de Seguridad que molestaron en el organismo.

- Con relación al tema del combustible, esa práctica en principio no cumple con la ordenanza. Si bien hay que tener cinco firmas sobre veinte para autorizar un gasto, que antes eran nueve y deberemos revisarlo, lo manejó el Ejecutivo. Y me crucé con el secretario de Economía porque él dijo que se hace todo como marca la ley y no hay malversación de fondos. Él solo habló de malversación de fondos. Por eso habrá que ver el dictamen del Tribunal de Cuentas, ya que la ordenanza habla de cinco firmas y nunca existieron, sin entrar en el manejo de los vales. Sí se autoriza con cinco firmas lo que se considera urgencia. Yo hablé de la reparación de una luneta, que se frenó cuando ya circulaba la autorización del gasto. Se permitía arreglar una luneta de Ranger por cerca de 5 mil pesos cuando el proveedor no vende parabrisas, era Lubricasey. Y en la Concesionaria Ford, que es cara, costaba la mitad. La concejala Scarzo en su momento detectó que se quería reparar, por unos cuantos miles de pesos, una camioneta que estaba en desguace. Son dos casos que se frenaron. No puedo ser irresponsable de afirmar que hubo casos que se autorizaron. Pero entró en juego el ‘si pasa, pasa’ y creo que más de uno pasó. Con el combustible fueron varios los hechos. 

- ¿Qué pasaba con los gastos en gomería?

- La famosa “Orden abierta”. Autorizaban 50 mil pesos para los proveedores, de libre uso. Pero se frenó por iniciativa de un consejero, de Guillermo Andelique, que sugirió marcar las cubiertas y guardarlas en el local del Consejo. Viene un vehículo policial, se le saca la cubierta y se le pone la numeración con la anotación del vehículo. Fue mágica la baja en cubiertas reventas. Antes iban directo a la gomería y cambiaban todas las cubiertas que querían. Parecía que compraban caramelos en el kiosco. Fue muy sencillo y le ahorró al Consejo de Seguridad unos cuántos miles de pesos. Pero los consejeros tienen que estar para otras tareas. 

- ¿Qué más debió o debe modificarse?

- El tema de los talleres. No quiero cargar la culpa contra nadie en particular pero muchas veces los talleres no aceptaban que la Municipalidad pague a largo plazo y se terminó teniendo uno o dos proveedores. Quedó un manejo casi monopólico y esto dio lugar a cobros desorbitantes para cambiar un turbo, que son cuatro tornillos y una manguera. Habrá que poner personal municipal con capacidad mecánica para que revise lo que habrá que hacer en cada rodado. Los consejeros podrían acompañar a ese técnico. Hubo vehículos que por problemas de ese estilo quedaron un año prácticamente secuestrados en un taller.

- Hubo pagos para arreglar cuatriciclos. ¿Dónde están esos rodados?

- Lo que pasó es responsabilidad del intendente. Granados mandó 10 cuatriciclos arruinados, sin batería. De esos se arreglaron 6, pero se los llevaron. Con el Fondo de Seguridad los vecinos pagaron el arreglo y Granados o Ritondo, a los que solo los diferencia el bigote, se lo llevaron a no se sabe dónde. Acá se hizo la tarea pero el intendente permitió que se los lleven. Es más, estamos buscando los datos para que el Ministerio de Seguridad reintegre al Municipio ese gasto que se hizo. Tengo que pedir las facturas a Frascaroli, que fue quien los reparó. No podemos ser el taller del Ministerio de Seguridad. Es un disparate.

- Igualmente el Fondo se prorrogó.

- Sí, hasta el 24 de octubre.  

- ¿Con qué argumentos se lo invita al vecino a seguir pagando?

- Como concejales no queremos dejar a Luján sin plata para destinar a la seguridad, porque lo más probable es que se paralice la circulación de patrulleros y la culpa será nuestra. Pero pusimos un plazo corto con exigencia de controles. Así se cuida la plata del vecino de Luján. Esperemos que esos requisitos se cumplan. 

- Hubo consejeros de seguridad que pidieron anular esos requisitos.

- Claro. Sí, lamentablemente. Y tuvo apoyo en el Consejo de Seguridad. Le pedían a Luciani que vete el artículo de los controles. A mí me sorprendió, me decepcionó que consejeros pidan eso.

- ¿Con qué argumento lo pedían?

- Decían que en los considerando los ediles pedíamos que haya mayor transparencia. Pero ante lo que pasó con el combustible, pedir mayor transparencia es algo más que lógico y razonable. Además queremos volcar en la ordenanza que el CPSC funcione de modo más transparente, publicando todo lo que tenga que ver con ingreso y salida de recursos. Y con cada pedido pendiente.

- Sin embargo, publicar gastos no es garantía de transparencia. Pueden publicarse y detrás haber manejos que no se exponen en una cifra de gasto.

- Estoy de acuerdo. Hay que reformular que si se publica sea sin lenguaje técnico contable porque no lo entiende casi nadie, a propósito. Y habrá que dar detalles. Publicar presupuestos, gastos, todo. Si la gente de Luján sabe que la plata se gasta y hay resultados, seguirá pagando. Porque hay un grupo de concejales que evalúa que la tasa de seguridad sea optativa. En principio no lo veo mal. No debe ser compulsiva. Habrá que generar confianza y conseguir que paguen con gusto, como la tasa de los Bomberos. Y las reuniones del Consejo de Seguridad deben ser abiertas a la comunidad, difundidas con tiempo y dar publicidad a la asamblea mensual. 

- Ocurrió muchas veces que quienes se acercan al CPSC con buena voluntad terminan, por una razón o por otra, apartados.

- En el propio Concejo Deliberante se permite que vayan los vecinos y agarren el micrófono para opinar. Acá debería pasar lo mismo. En la última asamblea del CPSC a un vecino le midieron el tiempo para manifestarse. Y se le dijo que eso no era una asamblea porque no figura ese término en la ordenanza. El consejero Luis Andrieu le dijo a ese vecino, a Adrián Cisneros, que lo de asamblea es un invento de los troskos. Dijo Andrieu que era una reunión abierta de vecinos. Un enorme espíritu democrático.

- Luciani y ediles del oficialismo defendieron a los consejeros y a las autoridades de PAyS con el argumento de que “son buena gente” y que “trabajan por el bien común”. ¿Comparte esa lectura?

- Hay que poner en práctica todos los controles y medidas de transparencia. Seguro que nos quedamos cortos, pero hay que volcar todo en la ordenanza. Y publicar todo, en detalle. Incluso lo que se habla en el Consejo de Seguridad. Oberti les permite a los consejeros que se junten en Doctor Muñiz 290. Para mí las reuniones deben ser en la Casa Municipal y que vaya todo el mundo. Más a las asambleas, porque son asambleas por más que piensen que son inventos de los troskos.